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FRANCESC ARABÍ VALENCIA
La nueva ley de financiación de los partidos políticos obliga a todas aquellas personas o empresas que quieran hacer donaciones a la formación con la que comulgan -en cuerpo o alma- a identificarse. La prohibición del anonimato, consagrado en la anterior ley, ha aportado mucha transparencia al sistema. Exactamente la transparencia de las arcas vacías. Y ello pese a que las donaciones a partidos, como las de los cinco concejales ex socialistas de Benidorm a su antigua formación, desgravan fiscalmente.
Las necesidades de intendencia y la decisión de Alarte de buscar la autofinanciación son algunas de las razones que llevaron a los socialistas valencianos a exigir a los militantes un sobreesfuerzo e instaurar la cuota de 2,5 euros íntegramente para sostener la estructura autonómica. Ahora, han subido la retención que aplican a algunos de los sueldos públicos para lograr recursos. Los concejales y asesores del Ayuntamiento de Valencia pueden dar fe. Los doce ediles han visto crecer un 16,6% el "impuesto" que les aplica la organización. Se aplica ya en el cargo correspondiente al mes de enero. Pasan de contribuir con 240 euros mensuales a dar 280. En total, la recaudación mensual por estas cuotas alcanzará los 3.360 euros. Un dinero que iba a parar a la hucha del PSPV de la ciudad, pero que ahora volará a la provincial.
Igual que sucede con los electrodomésticos, el mecanismo de los partidos se encarece cuando la estructura se complica. La implantación de las nuevas estructuras provinciales han obligado a desviar esos recursos para poder sostener algún sueldo y, muy pronto, el alquiler de la nueva sede. La reorganización del socialismo en la capital en diecisiete agrupaciones, de las seis antes existentes, no ha supuesto aún un mayor desembolso -comparten, salvo alguna excepción, los locales anteriores-, pero los costes del aparato local tampoco es que se hayan reducido.
Aunque no se compensará la pérdida de las retenciones a los sueldos de los concejales (en torno al 8% del sueldo limpio), esa reducción de ingresos se paliará en parte gracias a las mayores aportaciones por las cuotas de los asesores, que ingresarán todos los meses 250 euros en la cuenta del colectivo local, en vez de los 205 de antes. Con esa bolsa de dinero (4.750 euros mensuales) se podrá pagar el sueldo del secretario general de la ciudad, Salvador Broseta, quien finalmente renunció a ocupar plaza de asesor en el grupo municipal. La plaza de asesor que dejó Francisco Carsí será para el responsable de organización de la ejecutiva y miembro de la dirección nacional, Pedro Sánchez.
La economía de la ejecutiva provincial, que dirige la alcaldesa de Quart, Carmen Martínez, se nutrirá, además, con una parte de las cuotas que se les retiene a los diputados y asesores provinciales.
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