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Los grandes ayuntamientos de la Comunitat Valenciana están detrás de la normativa de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias que persigue la prostitución, la mendicidad, la actividad de los gorrillas o cualquier otra que perturbe la tranquilidad de los vecinos. La norma, como ayer adelantó Levante-EMV, es muy restrictiva y prevé sanciones de hasta 3.000 euros por mantener relaciones sexuales en un coche dentro de la ciudad o de 400 euros para las personas que compren música pirateada.

Un portavoz de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) explicó que una comisión mixta formada por juristas y los responsables de las policías locales de Valencia, Alicante, Castelló, Elx, Paterna y Vila-real han trabajado durante cuatro meses en la elaboración del documento que prohíbe la mendicidad, la venta callejera sin licencia, la prostitución en la vía pública o la actividad de los gorrillas. La comisión ha celebrado una quincena de reuniones desde el 17 de agosto en las que de manera exhaustiva han dado forma al soporte legislativo que necesitaban los ayuntamientos para luchar contra fenómenos como el botellón o el vandalismo.

El texto, denominado Ordenanza de Protección del Espacio Público, cuenta con una amplio respaldo político. El portavoz de la FVMP recordó que lo aprobó por unanimidad el pleno de la federación y cuenta con apoyos de municipios como "Polinyà del Xúquer de Esquerra Unida, Torrent del Partido Popular o Muro d'Alcoi del Bloc". Jaume Bronchud, edil de Participación Ciudadana de Mislata, apuntó que "es un documento marco que acogemos con optimismo porque puede contribuir a mejorar la convivencia". El Ayuntamiento de Torrent ya está trabajando para aplicar las normas.

La Federación Valencia de Municipios y Provincias ha trabajado a fondo el texto para que no fracase como otras iniciativas. Elena Bastidas, presidenta de la federación de municipios valencianos y alcaldesa de Alzira, señaló: "Lo hemos hecho con la máxima rigurosidad. Han participado intendentes de las policías municipales y especialistas del ámbito jurídico. Es una norma muy completa que intenta dar respuesta a algunas de las cuestiones que nos planteaban. Ha sido auspiciada por todos los partidos y enriquecida desde el punto de vista técnico. Tiene un plus de garantía que posiblemente otras normas no tienen".

La federación de municipios ha analizado normativas similares puestas en marcha con éxito en Barcelona, Lleida, Granada o Sevilla. Además, ha estudiado iniciativas como las del Ayuntamiento de Castelló contra las conductas incívicas, las de Alicante contra el botellón y los aparcacoches o las de Burriana que fija sanciones de hasta 3.000.

Elena Bastidas añadió que han previsto una gran cantidad de multas porque es "una normativa ambiciosa. No nos hemos limitado a los gorrillas o al botellón. Hemos abordado otros fenómenos que se han agravado con la crisis como la prostitución callejera. Tratamos de proporcionar normas específicas como la prohibición de lavarse en fuentes públicas o dormir en un banco".