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LEVANTE-EMV VALENCIA
Defendió y votó la caducidad del trasvase tajo-Segura en el Estatuto manchego, después apostó por la reserva hídrica de 6.000 hectómetros cúbicos y ayer dio un paso atrás para apostar por esa cláusula pero a la aragonesa, aceptando explícitamente en el texto autonómico que la regulación de los trasvases es competencia del Estado y, por tanto, esa reserva se subordina siempre al marco legal estatal.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, hizo esa apuesta ayer, durante una entrevista en TVE, al ser preguntada por si la reserva hídrica castellano-manchega sería inconstitucional. "Hay maneras", dijo, de, respetando la Constitución, establecer el planteamiento autonómico. Como ejemplo puso los estatutos de Aragón y Andalucía que, recordó, "hacen referencias a determinadas implicaciones de la comunidad autónoma sobre las cuencas hidrográficas o sobre determinadas reservas de agua que, como es lógico, los estatutos no lo pueden plantear como legislación nacional y de aplicación en todo el territorio nacional". Son estatutos que se han aprobado, añadió, "con unas garantías constitucionales".
Algunos dirigentes del PP próximos a Francisco Camps consideraron que esa podría ser una fórmula aceptable, dado que la mención a la reserva, si se sigue el modelo aragonés, no tendría carácter jurídicamente vinculante. De hecho, subrayan, fue este un elemento decisivo para que el Consell descartara finalmente recurrir ese estatuto al Constitucional. En la carta aragonesa se alude expresamente a que la norma se ciñe a "la Constitución" o "la legislación estatal". Cuando se habla de los derechos hídricos a tener las necesidades cubiertas antes de trasvasar se fija la cantidad de 6.550 hm3, según un acuerdo de las Cortes de Aragón que se "considerará". Un verbo que, para el Consell, subraya el nulo valor legal.
También afectaría al Júcar
El líder de los socialistas, Jorge Alarte, está en las antípodas de esta interpretación. Para el PSPV incluir esa fórmula sería "el fin del trasvase Tajo-Segura". Alarte instó a Camps a que diga si comparte la opinión de Cospedal. "Que aclare si para él este modelo sería el aceptable" porque el Estatuto aragonés "establece en su artículo 19 un derecho de preferencia, y estipula, en su disposición adicional quinta, una reserva hidrológica de 6.550 hectómetros cúbicos". Mera literatura o fuerza de ley, Alarte prefiere, para evitar equívocos, que la reserva no aparezca. "Supone poner en peligro no sólo la pervivencia del trasvase Tajo-Segura, sino que también podría afectar a la cuenca del Júcar, porque es una cuenca sobre la que sería de aplicación esta reserva hídrica". Mostró su "profunda preocupación" porque la secretaria general del PP "no ha tardado ni 24 horas en desautorizar públicamente" a Camps y Valcárcel.
La alcaldesa Rita Barberá destacó que "con la reserva que quiere hacer Castilla-La Mancha", abrir el grifo para hacer cosas cotidianas como "ducharse o preparar el biberón del bebé está en riesgo".
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