Iberdrola detecta 8.000 casos de fraude

PACO CERDÀ VALENCIA Iberdrola detectó más de 8.000 casos de fraude en las instalaciones eléctricas de la Comunitat Valenciana durante las inspecciones realizadas el año pasado. La mayoría de los expedientes abiertos por irregularidades de los usuarios valencianos responde a casos de enganches ilegales a la red eléctrica. Son clientes que presentaban un escaso consumo en relación a la potencia contratada. Particulares y empresas que, en realidad, consumían electricidad sin pagarla.
Sorprende un dato: de las 42.400 inspecciones realizadas el año pasado, se localizó un fraude en el 19% de ellas. Es decir, una de cada cinco instalaciones comprobadas tenía trampa. Frente a quien se sienta tentado de vincular el elevado número de fraudes eléctricos con la crisis, fuentes de Iberdrola recalcaron que la recesión económica no ha supuesto un aumento del fraude eléctrico. "Son cifras similares a las de años anteriores y no se ha registrado un incremento significativo", señalaron desde la compañía.
Sí que hay, sin embargo, una relación indirecta entre los defraudadores y la crisis. Los más de 8.000 casos ilegales destapados han supuesto la pérdida de unos 45,8 millones de kilovatios a la hora para Iberdrola. Y según la actual regulación, las pérdidas de electricidad se asignan al cálculo de las tarifas para el año siguiente, lo que deriva en un aumento general de los precios. Conclusión: la electricidad de este año resulta más cara para los clientes de Iberdrola debido al fraude cometido por algunos.
Así pues, los defraudadores de Iberdrola han hecho más dura la crisis al resto de consumidores eléctricos. "Esto es como Hacienda: quien engaña al sistema defrauda a todos al perjudicar económicamente al resto de consumidores", resume un portavoz de la eléctrica.

Un delito penal
La legislación española es especialmente estricta respecto a la defraudación de fluido eléctrico, un delito tipificado como tal en el artículo 255 del Código Penal. Al constituir delito penal y no civil, la mayoría de irregularidades acaban en un acuerdo entre la compañía y el infractor. Según Iberdrola, sólo entre 15 y 20 casos irregulares acaban en un proceso judicial cada año.