El Consell pone en marcha la ley local aunque sin definir el fondo ni reconocer la deuda histórica

JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA La eternamente prometida ley de Régimen Local Valenciano inició ayer su andadura con la aprobación en el pleno del Consell del proyecto legislativo que ahora se se remitirá a las Corts, aunque con una omisión que arroja dudas sobre cuándo tendrá una efectividad real. El texto incluye el ansiado Fondo de Cooperación Local pero sin concretar la cuantía ni fijar plazos y sin determinar los criterios de reparto del dinero, el meollo del asunto. El Consell descarta también el reconocimiento de la deuda histórica a los ayuntamientos -los fondos que han dejado de percibir desde 1999, año en que Zaplana prometió su creación y que el PSPV cifra en 300 millones- y supedita cualquier aportación en este sentido a que el Gobierno equipare la financiación de la Comunitat a la media por habitante del resto de autonomías.
Los populares han puesto en marcha una campaña para reclamar a Zapatero la mejora de la financiación local. El pasado fin de semana, celebraron una convención municipal sobre financiación y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, incluso anunció una manifestación de alcaldes ante la Moncloa. Rafael Blasco, el conseller de Solidaridad y portavoz en las Corts que ha desbloqueado la ley, aplazó ayer hasta el desarrollo reglamentario la determinación de la cuantía y criterios de reparto. Según dijo, si no los han definido "es porque el Gobierno de Zapatero ha incumplido su compromiso de un fondo de cooperación local", que recogería las directrices para todo el Estado. No obstante, avanzó que el Consell es partidario de que la población sea "determinante" para distribuir los fondos aunque con elementos "correctores". El conseller ofrece pactar a la oposición (tal como ha logrado en la FVMP con la ley) la cuantía y los criterios, entre ellos, si los fondos a los alcaldes serán condicionados o podrán gastarlos en lo que deseen.

Bienes públicos y subvenciones
Preguntado sobre la deuda histórica que reclama el PSPV, Blasco contestó: "Es fuerte que este partido se preocupe por la deuda de la Generalitat hacia los municipios ante un Gobierno socialista que está colocándonos a la cola de financiación autonómica, lo que representa un agravio insostenible". Para el conseller, "la deuda histórica la tienen los socialistas con esta Comunitat". Con todo, añadió que, si Madrid resolviera la financiación, aún podrían "lucirse con el traspaso de una deuda histórica a los municipios".
Tal como publicó este periódico, el proyecto prevé que los concejales hagan públicos sus bienes y regula que los alcaldes que no rindan cuentas no podrán recibir subvenciones. También se restringen todavía más las posibilidades de los tránsfugas en casos como el de Benidorm respecto a la ley local del Estado, al citar expresamente la expulsión del grupo como supuesto para pasar a ser concejal "no adscrito", con lo que no podrá formar grupo ni mejorar su situación económica. La ley estatal solo cita el abandono del grupo pero los acuerdos antitransfuguismo ya acotaron también este supuesto.