JOSÉ SIERRA VALENCIA
?La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana investiga la comisión de posibles delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio tanto en la continuidad de la actividad en el vertedero de Dos Aguas -pese a la sentencia en contra del Tribunal Supremo que declaró ilegal la licencia que le otorgó el Consell- como por la tramitación de nuevos permisos para la construcción de dos vasos de vertido próximos al actual que darán servicio al área metropolitana de Valencia.
La denuncia, presentada por un grupo de personas entre los que se encuentran alcaldes de la comarca de la Hoya de Buñol, ex diputados socialistas y ecologistas, ha provocado una investigación de la Fiscalía, que se ha dirigido a los tribunales y a las partes interesadas -Ayuntamiento de Cortes de Pallás, Generalitat Valenciana y Proficer Sedimentos, la empresa instrumental que solicitó la licen?cia en nombre de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV)- preguntando si se ha ejecutado la sentencia del Tribunal Supremo que declaraba ilegal el vertedero y que debería haber provocado su cierre inmediato.
Fuentes del grupo denunciante dijeron desconocer las noticias sobre el cierre del vertedero que están propagando los transportistas de residuos que operan en Dos Aguas y que aseguran tener órdenes de trasladar la basura de Valencia a Villena "en un par de semanas" en cumplimiento de una orden judicial.
La Conselleria de Medio Ambiente sigue guardando silencio sobre el posible cierre al respecto pese al requerimiento de información de Levante-EMV. "Aunque nos gustaría pensar que nuestra denuncia ha acelerado el cierre, no tenemos elementos objetivos" para asegurarlo, aseguró uno de los denunciantes.
La querella se dirige contra los miembros de la Generalitat Valen?ciana que han "consentido, promovido y autorizado la construcción, funcionamiento y ahora ampliación" de una planta de eliminación de residuos sólidos urbanos en Dos Aguas.
"La instalación debía estar cerrada hace tiempo y la Generalitat Valenciana plantearse otras alternativas diferentes, pero los tribunales nos impiden pedir la ejecución de sentencia porque no somos parte en el proceso", aseguró José Vicente Sáez, alcalde de Macastre y uno de los denuncian?tes por vía penal.