Menos miembros, más entidades y la disminución de los representantes en las organizaciones tradicionales de padres, alumnos y profesores es el resultado de la remodelación del Consell Escolar Valencià (CEV), anunciada ayer por la Conselleria de Educación a través de una nota de prensa. Esta "adaptación del organismo consultivo a las nuevas necesidades educativas", según el comunicado oficial, no ha sido del agrado de las organizaciones sindicales, que pierden tres vocales.
El de los estudiantes es el sector más perjudicado en el anteproyecto de ley de modificación del decreto legislativo de la ley del CEV de la Comunitat, al pasar de 11 a 4 representantes; los padres pierden tres (de 11 a 8) y los profesores se quedan con 11 de los 14 que tenían hasta ahora. La desventaja de estos colectivos -los más numerosos del ámbito educativo- la ganan los vocales de la Administración que pasa de 4 a 9 -además de otros de distintas entidades como los inspectores de enseñanza que, pese a ser un colectivo integrado por menos de 200 personas, obtiene un miembro más al pasar de 2 a 3-.
El primero de los cambios se produjo hace diez días con el nombramiento de Francisco Baila como presidente del CEV, pese a la oposición de diferentes organizaciones como los sindicatos.
Mientras que desde la conselleria explicaron que se trata de "adecuar la representación de los distintos sectores para dar entrada a nuevas instituciones tras 21 años" desde su último cambio, en 1989, uno de los portavoces de la Federación de Enseñanza de CC OO-PV, Luis García Trapiello, calificaba los cambios de "burla a la comunidad educativa". Al tiempo que ponía el acento en la disminución del número de representantes lamentó la ampliación del espacio para la Administración o la patronal de colegios, "bajo la apariencia de integrar más sectores" apuntó.
El vocal del STE-PV, Santiago Estañán, recordó que el último cambio se produjo en 1999 y no en 1989 y aseguró a Levante-EMV que la Conselleria de Educación lo que intenta es "acallar cualquier crítica" desde a este órgano porque "no puede eliminarlo ya que el artículo 27 de la Constitución contempla la participación de los agentes sociales en la enseñanza".
Estañán añadió que "la Administración no se lo puede cargar y lo que está haciendo es ocuparlo dándose más representantes".
El portavoz de FETE-UGT, Javier Zurita, aseguró que con estos cambios "se castiga la representación de la comunidad educativa que se manifestó en la calle contra la política" del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora.
En la misma línea que las otras dos organizaciones, para Zurita, la conselleria "incrementa de forma ciertamente desproporcionada la representación que se le otorga a la propia Administración educativa que es la receptora de los informes y las consultas emitidas por este máximo órgano de participación".
