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J. R. VALENCIA
La Conselleria de Economía y Hacienda "castigó" hace más de tres años a alrededor de 120 empleados públicos sin acceso a internet después de comprobar que desde alguna terminal se había hecho un "uso indebido" de la red de redes. La orden, a pesar de las protestas de los sindicatos, se ha mantenido a lo largo del tiempo, ya que los responsables de la conselleria entienden que los citados funcionados no necesitan navegar en internet para atender su trabajo. La medida afecta a los trabajadores de los servicios territoriales de Economía y Hacienda, ubicados en el edifico administrativo Prop de la calle Gregorio Gea. El sindicato CSIF aireó ayer la situación de estos funcionarios a través de una nota de prensa en la que denunciaba que, al tener restringido el acceso a internet, "no pueden ofrecer una información completa a los usuarios". En concreto, según el sindicato, no pueden consultar páginas oficiales como las de la Administración General del Estado, el Boletín Oficial u organismos oficiales o páginas web de organizaciones sindicales.
El sindicato ha presentado un escrito a la administración en la que solicita el acceso libre a la red ya que entienden que la limitación a la información "repercute de forma negativa sobre todo a los usuarios que acuden al Prop". Además, el CSIF considera que la situación de esos 120 empleados "supone un agravio comparativo con el resto de trabajadores de la Administración que sí tienen acceso a la red" . "Es una situación absurda e inaceptable, ya que se está permitiendo que unos empleados tengan más derechos e información que otros", concluye el comunicado.
El CSIF desempolva de esta manera un conflicto que lleva años sin resolverse y que, según ha podido saber este diario, partió de una orden del subsecretario de Economía en la que prohibió a todos los empleados de los servicios territoriales de Hacienda acceder a internet tras detectar "usos indebidos" de la red de redes, entre ellos la utilización del correo para asuntos personales. Fuentes sindicales admitieron a este diario que algún empleado pudo excederse, pero entienden que "pagaron justos por pecadores". Lo cierto es que en la actualidad en la misma planta conviven codo con codo funcionarios que tienen acceso a internet con otros que no. Hace aproximadamente un año, la Conselleria de Economía accedió a buscar una solución intermedia que pasaba por permitir de nuevo el acceso a internet a estos funcionarios, aunque de forma limitada. Sin embargo, la medida no ha llegado a aplicarse.
Al margen de este conflicto, lo ocurrido en los servicios territoriales de Hacienda abre el debate sobre si existe un control efectivo sobre el uso de los recursos públicos. Cabe apuntar que aunque la mayoría de funcionarios de la Generalitat tienen acceso libre a internet, su uso está supervisado por el Centro de Cálculo, una especie de Gran Hermano ubicado en la Conselleria de Economía donde queda registrado todas las entradas a la red de redes de los funcionarios.
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