La Guardia Civil investiga a un técnico ligado al alcalde asesinado en Polop

Descubren que un asesor municipal que informaba de los expedientes y fue cesado por el alcalde asesinado creó una empresa de proyectos

J. A. M. ­
Una de las presuntas irregularidades urbanísticas que descubrió la Guardia Civil en Polop durante la investigación del crimen del alcalde Alejandro Ponsoda fue la contratación de proyectos urbanísticos con empresas relacionadas con José Vicente M., un técnico municipal que trabajó en el Ayuntamiento como asesor de Obras y Urbanismo entre 2000 y 2005, según consta el sumario del caso. Este técnico, según el informe de la Guardia Civil, fue cesado en julio de 2005 por «una falta de imparcialidad en los informes» y porque sus trabajos «no se adecuaban a la prestación contratada por retrasos injustificados y premeditados de proyectos». La Benemérita investiga si el supuesto «enriquecimiento ilícito» de dicho técnico «era consentido por los responsables políticos por obtener estos parte de dicho beneficio».
Según la investigación, dos años después de entrar a trabajar en el Ayuntamiento el técnico creó la empresa Urbanismo e Ingeniería de la Marina (UEI La Marina) y puso como administradora primero a una empleada que trabajaba para él en la empresa EIA Ingeniería y cuando ella quiso desvincularse puso a su madre al frente de la sociedad.
La primera administradora relató a la Guardia Civil que el funcionario entró en el Ayuntamiento de Polop «de la mano de Juan Cano Giménez, por aquel entonces concejal de Urbanismo», indica el informe incluido en el sumario. Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil creen que el técnico fundó la empresa para realizar los proyectos técnicos que le iban encargando las promotoras con intereses urbanísticos en Polop y evitar que le relacionaran con ella en una investigación «por abusar de su función pública y haberse asegurado un beneficio».
Por uno de los proyectos –el PRI Rotonda– la empresa UEI La Marina recibió 82.576,92 euros, según los datos aportados por la Agencia Tributaria a la UCO, quien considera que se trata de un beneficio derivado de una presunta actividad ilícita. La Agencia Tributaria también indica ingresos en las empresas del técnico por parte de otras seis urbanizadoras.
Los agentes también investigan qué papel pudo tener la recalificación de suelo en la partida Matet por el crimen de Alejandro Ponsoda. En el mes de octubre de 2005, la empresa Bahía Activos compró varias fincas de suelo no urbanizable por 3,2 millones de euros. Estos terrenos no serían susceptibles de desarrollo urbanístico hasta que se hubiera programado el 60% del suelo homologado.