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J. ANTEQUERA CASTELLÓ
Los dos chóferes del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, reconocieron ayer ante el juez de Nules, Jacobo Pin, que llevaron sobres cerrados con dinero a entidades bancarias "bastantes veces", según informaron fuentes judiciales. Tras admitir que realizaban estos encargos por orden del político del PP, ambos aclararon que desconocían las cantidades que iban en el interior de los sobres. Pin había citado a declarar a José Salvador del Campo y Guillermo Redón, éste último jubilado, después de que el pasado mes de noviembre varios cajeros de entidades financieras de Castelló reconocieran al primero de ellos como la persona que hacía las gestiones en el banco en representación del líder de Castelló.
El juez que instruye el caso Fabra investiga la procedencia de decenas de ingresos sin justificar que el dirigente popular depositó en cerca de un centenar de cuentas corrientes -en las que aparecía como titular, cotitular o persona autorizada- entre 1999 y 2004. Por estas operaciones bancarias Hacienda le imputa un supuesto fraude fiscal de 600.000 euros. Los dos chóferes evitaron hablar con los periodistas sobre el contenido de sus declaraciones, y sólo el primero de ellos aseguró escuetamente: "No he hecho transferencias a Fabra. Lo tengo todo muy clarito".
Más testigos
Por su parte, el empresario José Luis Ramírez Sala, gerente de RASA, la empresa adjudicataria de las concesiones de limpieza de los edificios municipales y de la Diputación de Castelló, aseguró que el juez le ha preguntado sobre las contrataciones que ha firmado con organismos oficiales en los últimos años. "Todo está en regla", dijo el industrial. La declaración de Ramírez ha sido solicitada por el fiscal, que quiere saber si el empresario obtuvo algún trato de favor de Carlos Fabra.
El empresario reconoció que él y otros socios proyectaron una urbanización en La Coma que finalmente "se quedó el grupo Marina d'Or". En esa sociedad, según reconoció Ramírez Sala, "participaba" como accionista María Amparo Fernández, la ex mujer de Carlos Fabra, aunque no directamente el presidente popular.
Los datos del Registro Mercantil confirman que fueron seis los socios que invirtieron 18.000 euros cada uno para rehabilitar los apartahoteles La Coma, que luego fueron vendidos a Jesús Ger, presidente del Grupo Marina D'Or. Entre los supuestos socios estaba, además de la ex mujer de Fabra, José Luis Ramírez, que se desvinculó de la sociedad al vender sus acciones hace unos años.
La causa abierta en Nules se inició a finales de 2003, cuando el empresario, Vicente Vilar, gerente de la firma fabricante de insecticidas Naranjax, se querelló contra Fabra.
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