El Consell exige una reunión urgente con el Gobierno tras el recurso sobre el Cabanyal

J. L. GARCÍA VALENCIA ?
El Consell ha tardado menos de 24 horas en responder al anuncio del recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra el decreto ley aprobado por el Consell para blindar el plan de reforma del Cabanyal. Ayer sábado, el Ejecutivo de Francisco Camps se reunió de forma extraordinaria para abrir de nuevo un frente jurídico y político con el Gobierno. Así, la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, anunció dos medidas "urgentes": la petición de una reunión de la comisión bilateral del Estado con las comunidades autónomas para tratar la supuesta inconstitucionalidad del decreto; y el traslado del conflicto a las Corts con la petición de celebración de un pleno extraordinario.
Es la segunda vez en unos días que Camps reúne a su Ejecutivo de forma extraordinaria con la ampliación de la Avenida Blasco Ibáñez como trasfondo. El siete de enero se reunieron para aprobar el decreto ley que blindaba el plan frente a la declaración de expolio del Ministerio de Cultura. Este tipo de reuniones, en todo, caso, no es frecuente y suele responder a a situaciones de urgencia, como las crisis de gobierno. La derogación del trasvase del Ebro o el accidente de metro son algunos de los hechos que las han motivado en los últimos años.
El Consell reaccionaba así a la decisión del Consejo de Ministros del pasado viernes, que anunció un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley del Cabanyal. Y lo hacía basándose en un dictamen del Consejo de Estado que corrige a la Generalitat y reconoce la competencia exclusiva del Gobierno en materia de expolio.
En este sentido, la portavoz del Consell y el síndic popular en las Corts, Rafael Blasco, defendieron que "no existe expolio" en el plan del Cabanyal, que prevé el derribo de 1.600 casas en un barrio declarado Bien de Interés Cultural (BIC). Sánchez de León señaló que el Gobierno utiliza la figura del expolio como "recoveco legal" para atacar a la Comunitat: "Que el Estado tenga competencias sobre el expolio no le habilita para paralizar el plan", dijo. Asimismo, alegó que no puede haber expolio porque el conjunto histórico de Valencia es un Bien de Interés Cultural "por haberlo así declarado la Generalitat", a la que "le compete definir los valores que lo hacen acreedor de la protección que le otorga su declaración de BIC"; motivo por el que "no puede existir ninguna expoliación por actuaciones que la propia Generalitat considera que no afectan a los citados valores".
Sin embargo, pese a la argumentación sobre las competencias, Sánchez de León y Blasco se esforzaron en plantear el problema no como un debate jurídico sino como un "ataque político" del Gobierno a la Comunitat; un "atentado" a la soberanía y una injerencia en las competencias valencianas, arremetió el portavoz del grupo popular. "Estamos delante de la mayor agresión que ha hecho un Gobierno de España a una autonomía en los últimos años", dijo Blasco con un discurso nacionalista, "una agresión a la autonomía" y "a las instituciones de autogobierno"; "una cosa sagrada para todos los valencianos", insistió.
En este sentido, Blasco lamentó que el Gobierno haya tomado esta iniciativa y "no sea capaz de abrir un recurso de inconstitucionalidad" ante los referendos de independencia planteados en pueblos catalanes. En la misma línea, desde el Consell se criticó que se presentara el recurso sin haber agotado las fórmulas legales previas para resolver el conflicto antes de llegar a esta solución.

"Victimismo del PP"
Las reacciones a la decisión del Consell no se hicieron esperar. Desde el PSPV, el portavoz Ángel Luna opinó que la Generalitat "se envuelve en la bandera del victimismo, como hace cada vez que tiene un problema sin resolver", como la crisis económica o el caso Gürtel, citó. Por su parte, el delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, consideró "precipitadas" las medidas, adoptadas "sin que hayan pasado casi 24 horas" desde el anuncio del recurso.
Por otro lado, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, opinó que el barrio de El Cabanyal se "va a convertir en el símbolo de la autonomía valenciana", frente a las "injerencias y abusos de poder" del Gobierno.