?

El Cabanyal vivió ayer la manifestación más multitudinaria que se recuerda en defensa de la rehabilitación del barrio y contra el Plan de Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) que incluye una prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez hasta el mar que parte el barrio y contempla el derribo de cientos de casas.

Miles de personas -30.000, según la organización; y 3.000, a juicio de la Policía local- acudieron al mediodía de ayer a la llamada de la Plataforma Salvem el Cabanyal. Una manifestación festiva que transcurrió sin incidentes entre la Avenida de Tarongers y la plaza de la Creu y en la que se volvió a exigir, como en los últimos once años, que se detengan los derribos de casas y la aprobación de un plan de rehabilitación integral para recuperar el barrio desde el punto de vista social y patrimonial: "El Cabanyal és nostre i el volem sencer i viu", rezaba el lema.

Con todo, la marcha celebrada ayer no fue una más. Se produjo tras la declaración del Ministerio de Cultura de "expolio" por parte del ayuntamiento y la réplica jurídica del Consell -un decreto que desprotege el barrio para legalizar los derribos-, que ha desembocado en un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la Generalitat y en el enésimo frente político del Consell ante Zapatero.

La portavoz de la Plataforma de Salvem el Cabanyal, Maribel Doménech, se mostró "esperanzada" por la actuación del ministerio, que lleva el conflicto a un nuevo escenario en que "está próximo a resolverse". En este sentido, trasladó a la ciudadanía que se trata de "un proceso judicial, no político", como insiste en plantearlo el Consell.

La portavoz se refirió en estos términos antes del inicio de la marcha. Más combativo fue el manifiesto, leído dos horas después ante miles de personas frente al Mercado del Cabanyal. El PEPRI es un "ataque a la cultura, a la memoria colectiva y a la identidad, porque es un barrio singular y hermosísimo digno de permanecer en el tiempo", señalaba. Después de "12 años de lucha", la entidad aseveró que "no va a parar hasta que el barrio se rehabilite y se quede entero y vivo".

Los organizadores fueron muy críticos con el PP, al que acusaron de "llevar la degradación, el dolor y la injusticia social" al barrio. Denunciaron la postura política que ha tomado el Consell y el ayuntamiento, planteando la actuación del Gobierno como un ataque al autogobierno de los valencianos: "No al falso autonomismo; no al falso valencianismo", clamaron.El comunicado de los organizadores denunció la "especulación" como el interés que mueve la prolongación, y señalaron que en los últimos años han sido instalados en el barrio "colectivos desfavorecidos creando inseguridad y un ambiente hostil" para generar un clima de apoyo a los derribos.

Finalmente, se hizo una llamada a la "unidad" y al apoyo de toda la sociedad para lograr el objetivo final de la "rehabilitación sin destrucción" del barrio.