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La reiterada actuación de la Conselleria de Educación de excluir la titulación oficial de Filología Catalana para eximir de la prueba de valenciano a los opositores a las plazas docentes de esta comunidad le ha vuelto a suponer otra sentencia condenatoria -la decimonovena- y tercera del Tribunal Supremo, que ha fallado en su contra, además del pago de 1.500 euros por costas.

La sentencia del Supremo lo que, en realidad dicta, es que "no ha lugar al recurso interpuesto por la Generalitat Valenciana" contra la sentencia de 2006 pronunció el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra la orden por la que se convocan las oposiciones de profesores y a favor del recurso del STE.

"El conseller de Educación, firmante de las convocatorias de oposiciones, ha hecho caso omiso de las sentencias de los máximos tribunales, autonómicos y estatal, y se ha negado reiteradamente a acatarlas e incumplirlas" señala esta organización en un comunicado.

En su opinión, las sentencias "una vez agotada la vía del recurso, se han de acatar y cumplir obligatoriamente, como hace cualquier ciudadano, y más cuando se trata de un cargo público que gestiona una Administración pública". Para el STE-PV, en la conselleria "se está acusando un déficit democrático grave y preocupante con la persecución pública de profesorado y cargos directivos, la imposición de normativa, la retirada de subvención a entidades y con el incumplimiento de sentencias.

El candidato a las elecciones a rector de la Universitat de Valencia, Antoni Furió, se congratuló ayer de este nuevo dictamen.