El Consell condiciona el Plan Confianza a que los municipios compren el suelo

JULIA RUIZ VALENCIA El programa estrella del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para dinamizar la economía y sacar del pozo financiero a los ayuntamientos hace agua por todos lados. El vicepresidente económico, Gerardo Camps, ha dictado una orden para cambiar las condiciones del Plan Especial de Apoyo a la Inversión Productiva en Municipios de la Comunitat, el conocido como Plan Confianza, para trasladar a los ayuntamientos la obligación de adquirir el suelo, un gestión que hasta ahora correspondía a la Generalitat.
Según el decreto-ley del 20 de febrero por el que se aprobó el Plan Confianza, la Generalitat asumió la ejecución de las obras correspondientes a proyectos autorizados a municipios con una población de más de 10.000 habitantes y abrió la puerta a que en el importe estuviera incluido el valor de adquisición del suelo. Sin embargo, un año después de la aprobación del Plan Confianza y, apelando a razones de "eficacia", la Conselleria de Economía cree "conveniente" que en aquellos proyectos en que esté incluido la adquisición del suelo sean los ayuntamientos los responsables de la gestión. Eso sí, el Consell se compromete a satisfacer el importe de la compra mediante la oportuna transferencia de capital.
La decisión supone un cambio cualitativo en las condiciones en la que la mayoría de los municipios optaron a estas ayudas, ya que, pese al compromiso de compensación del gasto, serán los ayuntamientos los que tendrán que endeudarse para comprar el suelo, ya que es poco probable que dispongan de liquidez suficiente para afrontar este gato sin acudir a los bancos.
La medida evidencia las dificultades que está teniendo el Consell para ejecutar un plan que nació lastrado por las asfixia de las arcas autonómicas. Y es que, pese a los esfuerzos del Consell en poner en valor esta iniciativa frente a las obras del Plan E del Gobierno central, el balance de ejecución revela sobre qué espaldas está recayendo el coste económico del Plan Confianza. Tal como informó en su día este diario, al año de ponerse en marcha el plan, los municipios sólo habían recibido 4 de los 510 millones previstos para 2009. La conselleria asegura haber aprobado ya un total de 1.742 proyectos, pero el problema de fondo es el retraso con que llegan los anticipos. El Plan Confianza generó recelos entre los municipios, sobre todo en los de menos de 10.000 habitantes, ya que estos debían asumir la tramitación de los expedientes y luego esperar a que la Generalitat les pagara.

Las empresas se plantan
Las dudas de cuándo y cómo cobrarían hizo que muchos ayuntamientos incluyeran en los contratos cláusulas especificando que la empresa adjudicataria debería asumir los intereses si el ayuntamiento se veía obligado a pedir un préstamo. La nueva orden deja en una situación muy complicada a aquellos municipios con proyectos aprobados ya y pendientes de ejecutar. En el fondo de la cuestión subyace la negativa de las empresas a tener también que adelantar el dinero para el suelo. Si los ayuntamientos quieren que el proyecto vea la luz no tendrán otro remedio que desembolsar el dinero y esperar pacientemente a que Hacienda haga la transferencia.