El ex alcalde de Montroy queda en libertad tras pagar 8.500 € de fianza

El promotor de Morarim SL ingresó en prisión al no poder pagar los 50.000 euros - Los otros cinco detenidos también quedaron en libertad con cargos y bajo control judicial

REGINA LAGUNA ­
«No sé por qué estoy aquí», manifestó anoche el ex alcalde y concejal del PP en el Ayuntamiento de Montroy, Francisco Javier Carrión, cuando salió por la puerta de los juzgados de Picassent, pasadas las once de la noche. El juez acababa de dejarle en libertad con fianza de 8.500 euros tras pasar dos días en los calabozos de la Guardia Civil, después de ser detenido el pasado miércoles por la construcción de 80 chalets en los terrenos rústicos de Els Mallars durante su mandato. Uno de los constructores imputados manifestó que creía que era legal, porque «lo controlaba el ayuntamiento».
Del resto de detenidos, quedaron en libertad los tres constructores, el ingeniero industrial y el aparejador. Sólo el socio de Morarim SL ingresó en prisión al no poder afrontar la fianza. Su otro socio, Klaus. D. S., falleció el pasado 17 de diciembre, por lo que la investigación se ha cerrado respecto de él.
Los siete detenidos prestaron declaración como imputados desde las 13 horas hasta las 21.30 de ayer en la causa abierta por delitos contra la ordenación del territorio, cohecho, prevaricación, intrusismo, estafa y falsedad documental,. La causa permanece secreta.
«Cansado después de tres días», según palabras de Francisco Carrión, y con barba de dos días, el ex alcalde de Montroy declaró: «Soy inocente. No sé por qué estoy aquí, pero ya se resolverá en su momento porque esto es muy complicado». Sus familiares le esperaban fuera. También su hijo, administrador de la empresa de energías renovables Ledelectric, que constituyó Carrión hace tres meses, pero que con fecha de 17 de noviembre le traspasó a su hijo quedándose él sólo una pequeña participación del 10,19%.
Así pues, el juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Picassent acordó el ingreso en prisión provisional eludible con el pago de una fianza de 8.500 euros para el ex alcalde de Montroy, cantidad que fue satisfecha, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Se le imputan los delitos de prevaricación y cohecho como autor, y el resto, como cooperador necesario.
Asimismo, el instructor ordenó el ingreso en prisión provisional, eludible con el pago de una fianza de 50.000 euros, para el socio de la promotora Morarim SL, Guillermo A. P., que no pudo satisfacer el pago a última hora de la noche y fue trasladado al centro penitenciario de Picassent. Se le considera el máximo responsable y, durante su interrogatorio, llegó a hablarse de delito fiscal al no haber declarado a Hacienda todos los ingresos por las ventas de los chalets. Incluso se insinuó el delito de asociación ilícita, al haber urdido una trama para delinquir. También se le preguntó su relación con la Conselleria de Urbanismo y con los últimos alcaldes de Montroy.
Para los otros tres constructores puestos a disposición judicial el juez acordó libertad provisional, sin fianza para el constructor de Montroy y con fianza de 1.000 euros para los otros dos, socios de Urba4 2003 SL. Esta pequeña constructora, que ya ha cerrado, sólo edificó cuatro casas en Els Mallars. El constructor de Montroy declaro que «aquella obra la controlaba la Policía Local» y que «creía que era todo legal porque está detrás el ayuntamiento».
Por lo que se refiere al arquitecto técnico, M. A. R., el juez decidió su puesta en libertad provisional y le impuso una fianza de 3.000 euros que debe consignar en el plazo de siete días. En su declaración, negó haber firmado el proyecto de las casas. Además, no está firmado ni pasó por el ayuntamiento .
La misma decisión se adoptó para el ingeniero industrial, D. M., que fue quien certificó la antigüedad de la obra, supuestamente como garantía de los promotores para luego poder probar los cinco años de construcción, periodo en que el delito ha prescrito. Para todos los imputados, el juez estableció la prohibición de abandonar el territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de presentarse cada 15 días en el juzgado.

Un abogado alemán y una inmobiliaria inglesa, imputados

Una querella de los propietarios ingleses que compraron los chalets en Els Mallars dio paso a una investigación paralela de la Guardia Civil, la Fiscalía de Medio ambiente y el juzgado de Picassent. Este fue el inicio de las diligencias secretas abiertas hace un año y que culminó con las detenciones del miércoles. De la denuncia inicial, se abrieron hace dos años diligencias por un delito de estafa contra el abogado alemán Kai O. W., que hizo los contratos, y el socio de la inmobiliaria británica Zodiac Villas, Chris M.