El fiscal superior, Ricard Cabedo, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que no admita a trámite "de momento" la querella socialista contra el presidente de la Generalitat Francisco Camps y otros 16 altos cargos del PP y empresarios, al entender que no es competente porque ya está investigando estos hechos el TSJ de Madrid y podría producirse una duplicidad de procedimientos.
El juez instructor valenciano, José Ceres, pidió a las acusaciones su opinión sobre la competencia después de que el juez de Madrid rehusara informarle sobre si investigaba los mismos hechos denunciados en Valencia en el marco de las diligencias abiertas por una supuesta financiación ilegal del PP, conocidas como el caso Gürtel. Cuatro diputados socialistas se querellaron contra 17 personas, entre ellos altos cargos del Gobierno valenciano, del PP y empresarios, por cohecho, malversación, falsedad, financiación irregular, prevaricación, alteración contable y delito fiscal. Los hechos denunciados se basan en un informe de la Brigada de Blanqueo que el TSJ valenciano rehusó investigar tres días antes de decidir el archivo del caso Gürtel en Valencia contra Camps y tres altos cargos populares por un delito de cohecho. Los querellantes presentaron ayer su informe sobre la competencia del tribunal valenciano para conocer los hechos y delitos denunciados.
El fiscal superior sostiene que "la sala de lo civil y penal de este tribunal debe declararse, por el momento, incompetente para la investigación de los hechos objeto de la querella para no incurrir en una duplicidad de procedimientos", según fuentes del TSJCV. El informe de ayer hace referencia al emitido en su día por la Fiscalía Anticorrupción en el procedimiento que investiga el TSJ de Madrid, y en el que se indicaba que "debía ser éste último tribunal el que continuara la instrucción".
Aforados valencianos
La acusación popular dice que "no existen impedimentos para que el TSJCV asuma la competencia para investigar los hechos denunciados y admita la querella, al entender que se cumplen los requisitos legales", añaden estas fuentes. Esta parte insiste en que hay unos hechos concretos imputados a personas aforadas, cuya competencia se atribuye en exclusiva por el Estatuto de Autonomía a la sala civil y penal de Valencia, y que por tanto debería ser ésta, sin perjuicio de la instrucción que se lleve en Madrid, quien asuma la competencia. Alega que la denegación de información por parte del magistrado instructor de Madrid, y ante la duda sobre la existencia de identidad objetiva y subjetiva entre ambos procesos, también podría promover una cuestión de competencia ante el Supremo para que delimitara quien debe conocer de la causa.
El PSPV pide una moratoria al juez y le piden una suspensión temporal hasta que el de Madrid levante el secreto. "Subsidiariamente esta parte plantea a la Sala que suspenda su decisión sobre la competencia hasta que el instructor del TSJ de Madrid levante el secreto de sumario y le traslade la documentación requerida", dice el tribunal. En los próximos días la sala de lo civil y penal del TSJCV dirá si asume la competencia para el conocimiento de la querella.
