El término de Montroy cuenta con más de mil casas construidas de forma ilegal

P. F. ALZIRA Los chalés ilegales han proliferado como setas en el término municipal de Montroy desde que allá por los años ochenta comenzaran a construirse viviendas en lo que fue el origen de la primera urbanización, El Balcón de Montroy, que tras no pocos conflictos se consiguió ordenar veinte años después, y a falta de datos oficiales algunos concejales no dudan en cifrar en más de mil las edificaciones construidas de forma irregular que hay en el término. "Montroy tiene más de 1.500 chalés, y salvo los 400 que hay en El Balcón de Montroy, todos los demás son ilegales", ha señalado el concejal del Partido Popular Vicent Moya, una estimación que comparte el edil de Unión Valenciana, Emilio Espert, mientras que el actual alcalde, el socialista Antonio Polo, la considera "arriesgada". "Como no todo el mundo paga, no se puede saber", indicó Polo, quien no niega que la cifra es elevada, aunque advierte que hay casas que pueden tener "veinte o treinta años".
La detención del ex alcalde y actual portavoz municipal del PP, Francisco Javier Carrión, y de otras seis personas en una investigación judicial abierta por un presunto caso de corrupción urbanística relacionado con la construcción de 80 chalés en terrenos no urbanizables en la Canyà la Murta, ha puesto todos los focos sobre el urbanismo de esta localidad de la Valls dels Alcalans y, si bien el actual gobierno asegura que la construcción de viviendas ilegales se ha frenado casi por completo desde finales de 2006, la práctica de levantar una segunda residencia en terrenos donde no estaba permitido ha dejado un término repleto de diseminados. A pesar de que desde el PP defienden que en la etapa de Carrión se impulsó la incoación de expedientes de infracción que implicaban la paralización de las obras y el derribo, sólo se tiene constancia de la demolición de una vivienda en construcción en la zona de El Colmenar.
Con todo, el desarrollo urbanístico de Montroy comenzó a principios de los ochenta y el primer intento de construir una urbanización dio lugar a un largo conflicto. Según recuerda el concejal Vicent Moya, una empresa solicitó al ayuntamiento poder construir chalés en una zona y se llegó a un acuerdo con la Sociedad de Montes para la venta de 200 hanegadas, que el promotor pagaría en la medida que vendiera las parcelas. Moya recuerda que mucha gente se sintió engañada ya que lo que hoy es El Balcón de Montroy, del que se han desarrollado dos fases, no dispuso de los servicios propios de una urbanización hasta casi veinte años después.
El alcalde que logró desarrollarla, Emilio Espert, recuerda que aquel proyecto "no arrancó bien, había un antreproyecto, se trazaron una calles y la gente empezó a edificar antes de urbanizar. Cuando hubo que pagar, mucha gente no podía", detalla el todavía edil, que asegura que "hubo mucha voluntad para solucionarlo tanto por parte de los vecinos como del ayuntamiento desde la etapa de Manolo Blanco". Finalmente, la Sociedad de Montes "cedió 12.000 metros cuadrados para que los metros que faltaban aparecieran, porque las calles no estaban bien trazadas", detalla Espert. Moya, por su parte, recuerda que, en paralelo al conflicto que se había generado en esta zona, proliferaban chalés "por todo el término" y, según admite, sólo en la etapa de Espert (1999-2002) se consiguió paralizar las construcciones ilegales.
El nuevo PGOU plantea una solución pactada
El volumen de chalés diseminados por el término de Montroy es tan grande que en el Plan General de Ordenación Urbana, que empezó a elaborarse en 1999 y que no se aprobó hasta mayo de 2007, se han incluido diez áreas en las que que existe una elevada concentración de viviendas y a las que se pretenden dotar de servicios sin que eso implique una gran obra de urbanización -"queremos dar una solución pactada", ha comentado el alcalde-, además de tres urbanizaciones que se pretende desarrollar a través de PAI. Se trata de la tercera fase de El Balcón de Montroy, donde, según Polo, a diferencia de las otras dos no hay edificaciones; Les Valletes y Els Mallars o Canyà la Murta, donde la construcción de chalés para jubilados ingleses y alemanes ha derivado en la investigación judicial abierta. Polo explicó que en los dos primeros casos ya se ha presentado el PAI para empezar, mientras que en el tercero se está a la espera de que "alguna empresa, administración o los vecinos hagan las propuesta". p. f. alzira