´No somos asesinos´

La angustia de los familiares La operación de la Guardia Civil en Montroy por orden judicial dejó el miedo en el cuerpo de las mujeres e hijos de los detenidos por la trama de corrupción urbanística destapada esta semana. Los registros se llevaron a cabo en casas particulares y en el consistorio. Hubo padres, ya jubilados, que cruzaron media España para recibir a su hijo a la salida del juzgado.

REGINA LAGUNA VALENCIA "La Guardia Civil se presentó a las ocho de la mañana en mi casa. Las niñas se estaban vistiendo para ir al instituto y mi marido y yo ya habíamos salido a trabajar. Nos llamaron por teléfono y acudimos. A mi marido se lo llevaron esposado, no entendíamos nada y las niñas no paraban de llorar". Carmen (nombre figurado) esperó en los juzgados de Picassent las doce horas que duraron las declaraciones ante el juez. Su marido fue uno de los siete detenidos el pasado miércoles por la construcción de 80 casas ilegales en terrenos rústicos de Montroy, incluido el ex alcalde, Francisco Carrión.
Además de Carmen, también estaba la familia del socio de su marido. Ambos, instaladores de aire acondicionado, constituyeron la constructora Urbatres 2004 aprovechando el "boom" del ladrillo y levantaron cuatro chalets en els Mallars sobre suelo no urbanizable. "No somos asesinos", se lamentaba Carmen con la cara demacrada tras dos noches a la puerta de los calabozos de la Guardia Civil en Patraix, esperando la salida de su marido.
El marido de Carmen y su socio no son asesinos, pero el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Picassent les imputa un delito contra la ordenación del territorio, estafa, falsedad, cohecho. Tampoco el aparejador que realizó el proyecto y al que se le imputa, además, el delito de intrusismo. A M. A. R. le llegó a casa una citación judicial para que se presentara en el juzgado de guardia. Acudió por su propio pie y ya no salió sino en el furgón de la Guardia Civil. Sus padres, ya jubilados, se cruzaron España desde Cáceres para recibir a su hijo a la salida del juzgado.
El domicilio y la oficina del aparejador también fueron registrados el pasado miércoles por orden judicial, al igual que el Ayuntamiento de Montroy, la casa y la empresa del ex alcalde, y las del resto de detenidos -hasta siete-, que el viernes quedaron en libertad con fianza, excepto el promotor de Morarim SL, Guillermo A. P., a quien se le impuso 50.000 euros.
Tampoco se puede considerar asesino al constructor de Montroy que levantó las casas para Morarim. Sus oficinas distaban apenas 20 metros. J. S. H. se lo dijo al juez: "Aquella obra la controlaba la Policía Local. Cuando una situación parece legal, te confías. Y aquello venía del ayuntamiento". Y con razón, porque el mismo alcalde de entonces, Francisco Carrión, realizó la instalación eléctrica, pese a conocer que aquellas 80 casas vendidas a "incautos" residentes ingleses y alemanes no tendrían electricidad. O tardarían años. Seis años después, siguen viviendo con luz de generador.
Tampoco Francisco Carrión es un asesino, pero permitió la construcción de aquellas 80 casas y, además, se aprovechó de ello a través de su empresa Carri Electric. Ante el juez y la Guardia Civil se excusó en que abrió a Morarim varios expedientes sancionadores por infracción urbanística. Y recordó que en 2004, un pleno del ayuntamiento acordó reclasificar los terrenos como urbanizables. El juez buscaba el miércoles acuerdos plenarios y expedientes urbanísticos en la casa consistorial, después de que el ayuntamiento -con un nuevo alcalde- hiciera caso omiso durante más de un año a la petición de información de la Fiscalía de Medio Ambiente.
Además de los delitos antes citados, se le imputa también el de prevaricación. Porque la Ley Urbanística Valenciana de 2005 especifica que no basta con sancionar y cobrar la multa, sino que la ley obliga además a paralizar la construcción y a derribarla. Es más, a las autoridades y funcionarios públicos, y en este caso la competencia es de los ayuntamientos, también se les puede responsabilizar de un delito de comisión por omisión.

De 6 meses a 3 años de cárcel
Aunque ninguno de los detenidos el miércoles sea un asesino, la estafa, la falsedad y el cohecho tienen penas de prisión. Pero, además, se les imputa a todos un delito contra la ordenación de territorio, que es lo que implica construir casas en suelo rústico, y la pena es de seis meses a tres años de cárcel. El informe Auken comienza a dar sus frutos tras avergonzar a España ante toda la Unión europea por no aplicar las leyes urbanísticas.