R. MURIAS/LEVANTE-EMV VALENCIA
?
Optar por la quema de residuos no es cuestión de ideología política. Basta ver el mapa de incineradoras españolas, diez en total, y mirar las siglas del Gobierno que está detrás para darse cuenta de que tanto unos como otros -los de derechas, los de izquierdas y los nacionalistas- han ido dando luz verde a estos proyectos y contribuyendo a las ampliaciones de los mismos.
Ningún partido tiene una postura oficial ni unánime al respecto de ese sistema para eliminar las basuras, aunque es cierto que en el caso de un gobierno socialista todavía no ha construido una incineradora, salvo si se cumple el caso de la de Serín, en Asturias, que se encuentra en proyección. En la Comunitat Valenciana el debate se abrió con la reciente crisis de la basura y después de que el Consell del PP no haya cumplido con la construcción de varios vertederos que aliviarían el traslado de basura a plantas saturadas o que no deberían de recibir esos residuos. Miembros del gobierno de Camps dejaron entrever que la solución podía estar en la construcción de incineradoras. Hace dos años, el proyecto de instalar una planta de este tipo en Zarra (el Valle de Ayora) despertó un fuerte rechazo ciudadano que consiguió aparcar la iniciativa.
PP, CIU y PNV
De la decena de plantas de residuos que funcionan en España, la mayoría de ellas ha sido levantadas por gobiernos populares o nacionalistas. En Galicia, el PP de Manuel Fraga proyectó y construyó la planta de Sogama, y en Cantabria también fueron los populares los que levantaron el horno incinerador de Meruelo, aunque el PSOE nunca se opuso al proyecto.
El Partido Nacionalista Vasco, con el apoyo de otros nacionalistas, Eusko Alkartasuna, fueron los impulsores de la incineradora de Zabalgarbi, en Bilbao. En Palma de Mallorca, los populares dieron luz verde a la construcción de la planta de quema de residuos de Tersa, donde además ahora se pretende una importante ampliación y que respalda Antich, el presidente actual, del PSOE.
En Melilla, en 2002, comenzaron a incinerarse los residuos de la ciudad. Juan José Imbronda estaba por aquel entonces al frente del Gobierno de la ciudad autónoma bajo las siglas de Unión del Pueblo Melillense que en 2003 se integró en el PP. En Madrid, la planta de Valdemingómez se construyó también bajo el Gobierno popular. Obra de los nacionalistas son los tres hornos de quema de residuos que hay funcionando en Cataluña. Convergencia i Unió (CIU) aprobó e instaló tres hornos: uno en Mataró, uno en Trargisa y otro en Sirusa.
Ahora el tripartito catalán que conforman el Partido Socialista de Cataluña (PSC), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) e Iniciativa Per Cataluña (ICV), equivalente a IU en Asturias, dan el sí a una nueva incineradora que abrirá en 2013, aunque ICV y ERC han impuesto sus condiciones y exigieron que se garantizase de forma considerable el nivel de reciclaje antes de aceptar, a regañadientes, otra incineradora.
En contra de la línea que siguieron los populares impulsando la puesta en marcha de hornos para la quema de residuos se sitúa una mujer de las mismas siglas políticas, la diputada de Medio Ambiente de Álava, Marta Alaña, que no quiere ni oír hablar de la incineración, por ello, Álava se decantó por construir la primera central del País Vasco que transformará los residuos en gas y compost, pero que no incluye la quema.
En los próximos años España verá crecer el número de hornos incineradores de residuos, siete se están tramitando o en construcción y a esta lista habrá que añadir el previsto por el PSOE para Serín.
