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Corts Valencianes

Pensiones de lujo para los diputados y recorte para los trabajadores

 

Las Corts mantienen paralizada una ley aprobada en 2006 igual a la que está en vigor para las Cortes Generales, que garantiza a los parlamentarios con siete años de mandato el 80% de la paga máxima, el 100% con 11 años

JUANJO GARCÍA Es la auténtica ley del embudo en cuestión de pensiones. Mientras el Gobierno ha abierto el debate sobre la ampliación de 65 a 67 años en la edad para jubilarse, así como sobre el aumento del periodo cotizado para determinar la cuantía de la pensión, de 15 a 25 años, —propuesta en la que el Ejecutivo ya ha dado marcha atrás—, los diputados nacionales y senadores aprobaron en 2006 un reglamento de pensiones parlamentarias que les asegura justamente lo contrario: La reducción del tiempo necesario para tener derecho a pensión y grandes facilidades para conseguir que ésta, además, sea por la cuantía máxima.
El jugoso acuerdo tuvo en aquel verano de 2006 a las Corts Valencianes como alumna aventajada, ya que a finales de ese año el órgano rector del Parlamento valenciano se apresuró a aprobar un acuerdo idéntico al de Madrid. La Cámara la presidía entonces Julio de España pero el acuerdo fue unánime y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tampoco hizo objeción alguna. Según fuentes parlamentarias, la valenciana fue, de hecho, la única Cámara que «importó» la medida, que hizo así de conejillo de indias. Sin embargo, mientras la norma de ámbito nacional está en vigor y aplicándose en las Cortes Generales, en las Corts se encuentra paralizada ante el serio riego de ilegalidad que pesa sobre una medida que se adoptó pese a los informes contrarios de los servicios jurídicos de la institución, al entender, que un Parlamento regional no tiene competencias para aprobar iniciativas sobre pensiones.
El Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas en favor de los ex diputados prevé que los ex miembros de las Corts que cuenten entre 7 y 9 años de mandato en el Legislativo tendrán derecho a una paga de la Cámara que les complemente la de la Seguridad Social, de tal manera que se les asegure el 80% de la pensión máxima; si suman entre 9 y 11 años de escaño, el 90% de la paga máxima; y si cuentan con más de 11 años, el 100%. Para que un trabajador consiga la pensión máxima necesita amasar 35 años de cotizaciones y que los últimos 15 sean por la base máxima. La propuesta del Ejecutivo, que retiró el pasado miércoles tras la polémica generada en todos los grupos de la oposición y los sindicatos, de ampliar a 25 años el cálculo de la pensión supondría, a efectos prácticos, una rebaja media de la pensión . Nada de esto afectará a los parlamentarios que, con 11 años, accederán a la paga máxima.

Pensiones no contributivas
Se da la circunstancia, además, de que se trata en la práctica de pensiones no contributivas, una figura que suele aludir a las cantidades destinadas a colectivos desfavorecidos que no han cotizado a la Seguridad Social. En este caso, sus señorías percibirán una paga de la institución para la que nunca habrán realizado cotización alguna.
La normativa de las Cortes Generales se copió tan apresuradamente y de una forma tan atolondrada que el texto aprobado por las Corts señalaba que las pensiones parlamentarias se concederán «al inicio de la novena legislatura». En las Corts estaban entonces en la sexta legislatura (no en la octava como en Madrid), de forma que la Mesa de la Cámara tuvo que hacer una «corrección de errores» para sustituirlo por la «séptima legislatura», y así poder acogerse a ellas a partir de 2007 y no en 2015.
Aunque la medida, aprobada y publicada en el Boletín Oficial de las Corts Valencianes (BOCV) está parada, la Cámara lo tiene claro. En agosto de 2007, tras la toma de posesión de los actuales diputados, el manual sobre el Parlamento que se entregó a los diputados y que incluye desde una miniguía del complejo de las Corts, modelos para presentar las diferentes iniciativas o los principales privilegios de que gozan los diputados no dudaba en aseverar que «los parlamentarios tienen garantizada la percepción de la pensión de jubilación máxima, siempre que cumplan los requisitos que se establezcan».
Más grave que todo ello es que la norma se aprobó pese al informe de los servicios jurídicos de las propias Corts que alertaba sobre la ilegalidad de la medida. En el caso de la pensión parlamentaria, al estimar que las Corts no tienen competencias para legislar sobre pensiones, de forma que haría falta la habilitación de una ley estatal. El Congreso, como cámara nacional, ya avala la medida para los diputados y senadores. El acuerdo que se publicó en el BOCV hacía mención a la existencia de un informe jurídico, como quien cumple un trámite obligado, obviando el dato esencial de que éste había sido negativo.
El cierre de filas únicamente fue roto por un diputado tránsfuga del PP, Javier Tomás Puchol, quien se fue al grupo mixto e ingresó en Coalición Valenciana (CV). Antes de los comicios de mayo de 2007, éste presentó una demanda al TSJCV, que sacó los colores de la institución al paralizar cautelarmente la medida. Aunque después levantó la suspensión, todo hacía presagiar un desenlace adverso para la Cámara. Pero, inopinadamente, meses después Tomás Puchol, a espaldas de CV, presentó en el juzgado un escrito de desistimiento de la demanda, dejando la puerta abierta al archivo, como así ocurrió.
El ex parlamentario aludió entonces a presiones de ex compañeros en mala situación para justificar su decisión; CV insinuó que Tomás Puchol, responsable de una sucursal de Bancaja en Castelló, pudo tener otras motivaciones. El caso es que, pese a tener despejado el camino judicial, las Corts no han querido o no se han atrevido a desarrollar una norma aprobada desde diciembre de 2006.

Modificación del reglamento
El reglamento, por otra parte, no sólo incluye la paga parlamentaria. También hay previstas indemnizaciones por cese —una especie de desempleo para diputados que éstos transformaron en un finiquito compatible con todo menos con otro cargo electo o político de libre designación— y que equivale a la última nómina multiplicado por los años de mandato, hasta un máximo de 24. Las Corts modificaron «in extremis», en marzo de 2007, el reglamento de pensiones que acababan de aprobar para separarse de la norma del Congreso y mejorarlo notablemente. Si en Madrid es el sueldo base, las Corts lo cambiaron por el sueldo íntegro. También determinaron que, en vez de cobrarse por meses, se ingresara de golpe, evitando así que el acceso a otro puesto les despojara de una parte de la indemnización.
Las Corts encargaron a una filial de Bancaja el estudio del coste que tendrían todas las prebendas del Reglamento. El resultado dio la astronómica cifra de entre 15 y 28 millones que algunos, con el mismo informe en la mano, elevan hasta los 50 millones al sumar ambos escenarios. El informe costó al erario 14.000 euros. La Cámara consideró que el estudio no se ajustaba a la realidad y encargó uno nuevo para ofrecer una estimación menos escandalosa.
Al igual que las pensiones, la Cámara también tiene paralizado el pago de las indemnizaciones por cese a los parlamentarios que no revalidaron el acta en mayo de 2007. Inicialmente, la presidenta, Milagrosa Martínez, alegó que el asunto no estaba resuelto en los tribunales. Pero, una vez archivada la demanda, el problema vino de los propios servicios internos. Al entonces letrado mayor, Javier Guillem, le costó el cese su decisión de que en el expediente conste su criterio de que se trata de una ilegalidad al no estar avalado por una ley presupuestaria. También los servicios económicos dictaminaron en contra. Sin embargo, sigue sin abonarse. Muchos opinan que la presidenta espera que alguien denuncie o bien que sea la propia institución la que lleve el asunto a los tribunales para que resuelvan. Así, la presidenta y las Corts quedarían libres de responsabilidad y el juez decidiría: Si determinara que es legal, las Corts pagarían; si no, asunto zanjado.

Despidos de lujo
El desembolso podría ascender a 800.000 euros a favor de una veintena de ex diputados con derecho a cobrarlo. Hasta tres han reclamado a las Corts el expediente completo, un paso previo para exigir el cobro por vía judicial. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, ninguno ha ido todavía al juzgado. ¿El motivo? En la Cámara, muchos piensan que los ex diputados prefieren presionar por la vía política (con no pocos de los actuales parlamentarios como aliados), a la espera de ingresar el dinero cuando se encuentre un momento político oportuno, que ir a un pleito en el que, amén del retraso en resolverse, no está claro el desenlace favorable.
Este paro para diputados, convertido en una especie de finiquito o despido, es generoso. Y eso que, al igual que ocurre con el debate de las pensiones, en las instancias políticas, en este caso en el PP, se promueve el abaratamiento. Los 30 días por año son compatibles, no sólo con cualquier empleo en el sector privado o funcionarial. También con jubilarse. Así, el sistema no podrá ser más protector: El diputado que se jubile tendrá asegurada la paga máxima y una indemnización que, si suma muchos trienios, superaría los 100.000 euros.

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