RAMÓN FERRANDO VALENCIA
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La Guardia Civil ha detenido en Massamagrell a una joven española de 18 años por estafar a inmigrantes "sin papeles" con falsas promesas de boda. La acusada cobraba 3.000 euros por matrimonios de conveniencia que nunca llegaban a producirse. Las víctimas son jornaleros que trabajan en l'Horta Nord, según informaron fuentes policiales.
La Guardia Civil investigaba desde hacía días un posible delito de matrimonio ilegal que se estaba cometiendo en la localidad de Massamagrell. Los agentes averiguaron que se trataba de la chica de 18 años, que se ofrecía a casarse con inmigrantes a cambio de 3.000 euros. Los extranjeros buscaban obtener la nacionalidad española.
Los agentes encargados del caso han comprobado que la acusada presuntamente ha consumado la estafa con al menos dos personas, aunque sospechan que pueden ser muchas más. Los guardias están sorprendidos con la precocidad delictiva de la joven y su habilidad para engañar a los inmigrantes. La detenida cobraba el dinero y después "daba largas" a las víctimas cuando se aproximaba la fecha de la boda.
La Guardia Civil detuvo a la chica en Massamagrell el 1 de febrero. Los agentes sólo han imputado a la acusada el delito de estafa al no haberse consumado los matrimonios ilegales, según precisaron fuentes policiales. La joven tampoco llegó a falsificar documentación. Las investigaciones continúan abiertas para esclarecer el alcance del fraude. La detenida no formaba parte de ninguna red de matrimonios de conveniencia.
En los dos últimos años, las Fuerzas de Seguridad del Estado han realizado cinco grandes operaciones contra las redes de matrimonios falsos en Valencia. Las redes suelen cobrar entre 3.000 y 14.000 euros a los inmigrantes a cambio de regularizar su situación con bodas falsas.
La última gran operación se produjo en verano, contra una organización en la que estaban implicados valencianos y catalanes. La policía descubrió en Girona unos sesenta matrimonios sospechosos entre valencianas y trabajadores pakistaníes e indios que llegaron a pagar 6.000 euros. El Obispado de Girona alertó de que algunos sacerdotes estaban recibiendo amenazas para celebrar los enlaces. Algunas de valencianas ya estaban casadas. En noviembre de 2008 fueron desarticuladas en Valencia otras dos organizaciones que promovieron más de 600 matrimonios fraudulentos.