La marcha atrás causa malestar y aboca a la Cámara a los tribunales

La marcha atrás del PSPV, secundada por ahora por el PP, cayó ayer como un jarro de agua fría entre los diputados de uno y otro signo. El acuerdo de las Corts de 2006, con Julio de España como presidente y con Francisco Camps como jefe del Consell, se adoptó de tapadillo —la medida no se llevó a pleno—, pero no le faltaron defensores. De hecho, destacados veteranos del parlamento han presionado todos estos años para que el acuerdo, paralizado por diversas causas, viera la luz. No es de extrañar que ayer muchos recibieran con auténtico desagrado la noticia de que su futura jubilación de lujo salta por los aires. A quienes peor debe haber sentado el anuncio es a la veintena de ex diputados que ya han reclamado su finiquito por un importe global de 70.000 y a los que un reciente acuerdo de la Mesa les reconoció el derecho a cobrar la indemnización. El pago de los finiquitos continuaba bloqueado —la presidenta Milagrosa Martínez lo paralizó ante el informe negativo del letrado de las Corts— para desesperación de algunos ex parlamentarios que ya habían iniciado los pasos para ir a los tribunales. La nueva situación aboca por tanto a las Corts a un litigio. Al ser preguntado por esta cuestión, Luna admitió que el caso de los ex diputados a los que se les ha reconocido el derecho a cobrar es complicado y quizás la Cámara tendrá que pagar. Con todo, dejó claro su intención de rebajar estas indemnizaciones al apuntar como razonable que cobren un paro de tres meses similar a los de los altos cargos. Cabe recordar que las prebendas que ahora peligran van más allá de la pensión y la indemnización por cese. El Reglamento de pensiones contempla un amplio abanico de ayudas económicas, incluidas las de viudedad u orfandad. j. ruiz valencia