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La comisión de medio ambiente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) quiere participar en la modificación del Plan Integral de Residuos (PIR) de 1997, que prepara el Consell, ante el previsible cierre de plantas de tratamiento de residuos de la Comunitat Valenciana. Así lo decidió ayer la comisión -la única con mayoría socialista- en el encuentro que se celebró ayer en Xixona, a instancias del alcalde del municipio y presidente de la comisión, Ferran Verdú. Al encuentro también asistieron los alcaldes socialistas de Estivella, Robert Renau, de Xirivella, Josep Soriano, y de Mutxamel, Asunción Llorens -que acudió en sustitución de la alcaldesa de Benavites, Soraya Sanchis-, además del alcalde de Agullent, Enrique Cerdà (Bloc) y del de San Rafael del Río, José Domingo Giner (PP).

La propuesta que aprobó ayer la comisión marca dos líneas: por una parte, invitar al director general del Cambio Climático, Jorge Lamparero, a "que nos explique en qué consiste la modificación, en qué afecta a los ayuntamientos y cuáles son, a corto plazo, las medidas a adoptar ante el fracaso de los planes zonales", y por otra, "instar a la presidenta de la FVMP, Elena Bastidas, a que exija a la conselleria la participación de los ayuntamientos en el proceso". Y es que, al parecer, la modificación del Plan Integral de Residuos (PIR) reduce las competencias de los ayuntamientos en cuanto a la recogida, transporte y tratamiento de residuos, según aseguraron algunos alcaldes a Levante-EMV.

En la actualidad, la competencia pertenecen a los consistorios, aunque éstos delegan en diversos consorcios o entidades superiores la gestión del servicio.

Sólo hasta llegar a la planta

Sin embargo, en la reunión de la comisión de medio ambiente salió a la luz que la reforma del PIR "recoge dos modificaciones, entre ellas que los ayuntamientos solo tendrán competencias para recoger y transportar los residuos. Una vez en la planta, la competencia dejará de ser municipal. Si van a reducir el dominio municipal lo lógico es que se establezca un diálogo con los consistorios", apuntaron algunos de los alcaldes presentes en la reunión.

Además, la reforma del PIR también establece una modificación de las zonas, "que en lugar de 17 se reducen a 14, lo que significa que en alguna comarca o demarcación no han conseguido ubicar un vertedero".