Si la presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, seguía albergando dudas sobre la legalidad del Reglamento de Pensiones Parlamentarias que garantiza una jubilación de oro a los ex diputados, el último informe que ella misma solicitó a los servicios jurídicos de la Cámara se las despejará . El documento, al que ha tenido acceso este diario, no se anda por las ramas y declara nulo de pleno derecho el citado reglamento y, por ende, las prebendas en él contenidas. Además, insta a los responsables del Parlamento a derogar la citada regulación y a no atender las reclamaciones de los ex diputados, tanto en lo referente a las pensiones complementarias como a los finiquitos.
El demoledor estudio, que firma el mismo letrado que ya la pasada legislatura alertó a la Mesa de las Corts de la posible ilegalidad del acuerdo, ve la luz en una semana marcada por el debate sobre las pensiones de los ex diputados. Si el lunes EU anunció una propuesta para anularlas, el martes el síndic del grupo socialista, Àngel Luna, sorprendió incluso a sus diputados al asumir que en época de crisis los privilegios para sus señorías debían revisarse a la baja. El PP se subió al carro y abogó por ser austeros.
El nuevo informe jurídico, que ya obra en poder de la Presidencia de la Cámara, allana el camino a Milagrosa Martínez para tomar por fin una decisión sobre un asunto que lleva años bloqueado. Cabe recordar que aunque el reglamento está vigente desde la pasada legislatura, no ha llegado a pagarse un euro a ningún ex parlamentario ni en materia de pensiones ni de finiquitos, a pesar de que al menos una treintena lo han solicitado. La Cámara estuvo a punto esta legislatura de ordenar el pago de la indemnización por cese a una veintena de ex diputados, pero Martínez paralizó la transferencia bancaria ante el informe contrario del entonces letrado mayor de las Corts, Javier Gillem. Al poco tiempo Martínez lo destituyó.
El nuevo informe no se desmarca del emitido por el ex letrado de las Corts. Es más, no se limita a contestar a Martínez sobre lo solicitado (la legalidad del pago de los finiquitos a los ex diputados) sino que va más allá en lo que parece un intento de dar por cerrado un asunto que ha acabado por soliviantar a los propios letrados. El informe, plagado de velados reproches a los responsables de la institución, pone el reglamento a los pies de los caballos al considerar que en su conjunto carece de cobertura legal. Además, concluye que la Cámara carece de competencias para legislar sobre las pensiones complementarias.
En el caso de las indemnizaciones por cese, el experto afirma que los ex diputados a los que la Mesa aprobó el pago "no han llegado, ni pueden llegar a perfeccionar la adquisición de derecho a percibir las prestaciones económicas" porque se basan en un reglamento "que incurre en varios vicios determinantes de su nulidad de pleno derecho". "Las Corts no pueden ni deben reconocer, ni abonar, a ninguno de los ex diputados" que han solicitado las prestaciones o lo hagan en un futuro, reza el texto. Eso sí, el letrado sugiere la aprobación de otra norma que regule el paro de los ex diputados con un contenido y forma de pago que se ajuste a los principios de la correcta administración de los fondos públicos.
Las diez conclusiones del informe jurídico
AUSENCIA DE LEY
Las prestaciones no pueden regularse por un reglamento
Las regulación de indemnizaciones por cese debe regularse por ley aprobada en las Corts. La Mesa no puede regular mediante una disposición de inferior rango obligaciones y derechos que habrían de reconocerse con cargo al presupuesto de las Corts.
FALTA DE COMPETENCIA
Sólo una ley estatal puede regular las pensiones parlamentarias
Al tratarse de un complemento a la pensión pública contributiva es una competencia exclusiva del Estado que no ha autorizado mediante ley a las comunidades autónomas a aprobar complementos de pensiones. Es necesaria, por tanto, una ley estatal ad hoc.
NULO DE PLENO DERECHO
Los acuerdos de la Mesa de las Corts incurren en vicio de nulidad
La ausencia de normas legales previas al Reglamento de Pensiones determina que los acuerdos adoptados por la Mesa para la aprobación del citado reglamento y para la aplicación del mismo incurren en un vicio de nulidad de pleno derecho.
LA REFORMA DEL REGLAMENTO
El espíritu de la indemnización por cese se desvirtuó
La reforma sobre las indemnizaciones por cese (se mejoró con creces la regulación del Congreso de los diputados al garantizar a los ex diputados cobrar de una tacada en lugar de mes a mes y el sueldo completo en lugar del salario base) alteró el espíritu de este concepto que pasó de ser una prestación de desempleo a convertirse en un finiquito.
IMPACTO ECONÓMICO
No se pidieron los informes técnicos y económicos preceptivos
Los documentos técnicos y económicos exigidos por la Ley de Hacienda Pública para las normas que conllevan incremento de gasto no fueron solicitados ni elaborados. Todo el reglamento es nulo.
NO HAY DERECHOS ADQUIRIDOS
Los ex diputados no tienen derecho a cobrar
Los acuerdos de la Mesa aprobando el pago de determinadas cantidades no pueden ser calificados como actos definitivos declarativos de derechos, ni predicarse de los mismos que se han devenido en actos firmes. No se adquieren, ni se pueden adquirir derechos contra Derecho.
NO HAY QUE PAGAR
El riesgo de menoscabar la Hacienda Pública
No se debe abonar a los ex diputados las prestaciones solicitadas. En caso contrario, se trataría de actos antijurídicos que comportan menoscabo a la Hacienda Pública.
INCERTIDUMBRE
Las Corts debe acabar con las dudas de la validez de las pensiones
Hay que acabar de manera inmediata con la incertidumbre que se proyectó sobre la validez y la aplicabilidad conforme a derecho del reglamento de las pensiones.
POSIBLES DEMANDAS
Posibilitar la más adecuada defensa procesal a las Corts
Hay que tomar las decisiones adecuadas y evitar la inactividad para posibilitar la más adecuada defensa procesal futura a las Corts frente a futuras demandas.
NUEVA NORMA
Es legítimo y preciso regular las indemnizaciones por cese
Habría que aprobar un sistema de indemnizaciones por cese que repare la ausencia de cobertura por desempleo a los diputados.
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