El PSPV tampoco acepta 2.000 hm3 como reserva para La Mancha

J. L. G./L. IBÁÑEZ VALENCIA El debate sobre el agua a cuenta de la reforma del estatuto de Castilla-La Mancha se ha reavivado este fin de semana. Por un lado, la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) ha hecho pública una carta en la que exige un pacto de estado sobre el agua y que el Gobierno tome las riendas ante la actitud de las autonomía que están asumiendo competencias sobre la gestión del agua -"hidrotaifas", lo llama AVE-. Por otro lado, los dos grandes partidos PP-PSOE negocian en Madrid una reserva hídrica para el estatuto castellano-manchego en torno a 2.000 hectómetros cúbicos. Una cantidad menor que los 6.000 hm3 que el Gobierno manchego (PSOE) exigía en principio, pero que igualmente pondría en peligro la continuidad del trasvase Tajo-Segura.
Ayer llegó el turno de las reacciones políticas. El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, volvió a mostrarse contrario a la reserva hídrica con que el Gobierno manchego pretende blindar el agua que pasa por su comunidad. Alarte apuntó: "No aceptaremos ningún tipo de reserva con carácter normativo, ni de 6.000 hm3 ni de 2.000". Es decir que los socialistas valencianos votarían contra cualquier restricción que se incluyese en el articulado. "No aceptaremos ninguna disposición más allá del preámbulo y como una mera declaración de voluntad o expresión del Gobierno de Castilla-La Mancha". Según el PSPV, estamos ante un "intento de María Dolores de Cospedal y del PP de quitar, reducir y abrir el camino a la eliminación del trasvase Tajo-Segura". Además, criticó el "silencio" del jefe del Consell ante este "atropello a los intereses" de los valencianos, dijo.
Quien no dijo nada respecto a la negociación de la reserva hídrica fue el PP valenciano. Desde la sede de la calle Quart guardaron silencio. Sí habló el vicepresidente y conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, aunque nada dijo respecto a esa cantidad de agua que podría quedar protegida en el estatuto manchego.
Cotino se refirió al informe presentado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y aseguró que la propuesta que defiende este colectivo es la misma que propone el jefe del Consell, Francisco Camps. "Debe haber una autoridad única en España para hablar de temas hídricos, para hablar de temas esenciales como pueden ser la seguridad del Estado y la seguridad de todos los ciudadanos o los temas energéticos", apuntó Cotino durante su visita a la feria de embutido de Requena.

"Una autoridad nacional"
Así, según señaló el vicepresidente del Consell: "Todos reconocen la necesidad de una autoridad nacional en materia de agua menos quien la tiene que ejercer que es el presidente del Gobierno".
"No son las comunidades autónomas las que deben negociar las cantidades de agua que corresponden a cada región sino el Estado, que es el que debe asumir las competencias en materia hídrica como una cuestión de interés nacional y aplicar una política de solidaridad y justicia distributiva", añadió.
Para concluir, el Consell insistió en la necesidad de retomar el derogado Plan Hidrológico Nacional (PHN). "La inexistencia de una política de Estado en materia de agua está provocando enfrentamientos entre los distintos territorios de España". Por esta razón, desde la Generalitat reivindican "la necesidad de recuperar el derogado Plan Hidrológico Nacional y seguir defendiendo los trasvases del Tajo-Segura, el Júcar-Vinalopó y el del Ebro".
Por otro lado, el secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, criticó ayer en una entrevista publicada por El País las "dos campañas [Murcia y Comunitat Valenciana] tremendas a raíz de la derogación del trasvase del Ebro", dijo en relación al frente político hecho por el Consell y el Gobierno murciano desde 2004.