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La problemática de las viviendas ilegales que aprovechan el paso del tiempo para conseguir ser legales aprovechándose de la desidia o la falta de medios municipales, es un problema que viene de lejos. Todos los informes del Síndic de Greuges desde 1999 denuncian este problema. En el de 2008, el defensor del pueblo valenciano desvela que ha podido investigar "quejas en las que los ciudadanos expresan su desesperación ante la pasividad de algunos ayuntamientos y, en algún caso puntual, de la Generalitat, para iniciar los expedientes sancionadores dentro del plazo de caducidad de cuatro años desde la terminación de las obras". También lamentan que los ayuntamientos se muestran reticentes a ordenar y, sobre todo, ejecutar, la demolición de las construcciones ilegales".
La Sindicatura admite que la patata caliente es complicada de resolver. Si existe orden municipal de demolición y el infractor se niega a franquear la entrada al domicilio, el ayuntamiento ha de conseguir una autorización judicial. Además, el ayuntamiento ha de pagar el coste del derribo para después reclamarlo al propietario de la construcción ilegal. Así que "para evitar la consolidación de las construcciones ilegales, el Síndic de Greuges no se cansa de repetir la importancia de que los ayuntamientos reaccionen a tiempo cuando las obras se estén ejecutando, mediante la paralización de las mismas y el corte de suministros".
El tiempo es oro en los expedientes de "restauración de la legalidad urbanística". La legislación y reiteradas sentencias del Supremo impiden perseguir las viviendas construidas en suelo no urbanizable común con más de cuatro años de antigüedad, que deben legalizarse. Este plazo de 4 años no se aplica cuando se actúa sobre suelos protegidos o, zonas verdes, viales espacios libres o usos dotacionales.
