El Supremo anula la prisión a un militar de Carlet porque no pudo defenderse

RAMÓN FERRANDO VALENCIA La sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha anulado una condena de tres meses de cárcel a un soldado de Carlet que no fue localizado para el juicio y no pudo defenderse. La abogada del joven pactó una condena de conformidad con el fiscal de tres meses de cárcel sin que lo supiera el imputado. El soldado se enteró de que había sido sentenciado y que debía cumplir la pena de privación de libertad a los cinco meses del juicio. La sala de lo Militar ha ordenado que se repita la vista oral con la presencia del procesado.
El soldado profesional valenciano estaba destinado en la unidad Bandera Roger de Flor de paracaidistas, que tiene su base en la localidad madrileña de Paracuellos del Jarama. El militar se ausentó de su destino el 13 de junio de 2006 sin autorización de sus superiores. La abogada del paracaidista explicó que la madre del joven estaba siendo maltratada por su pareja y le pidió que volviera a Valencia para protegerla porque temía por su vida. El acusado comentó el problema a un oficial, pero se fue a Carlet sin un permiso por escrito.
El imputado, que tenía 20 años cuando ocurrieron los hechos, fue acusado de un delito de abandono de destino. El Tribunal Militar Primero fijó la vista oral para el día 7 de febrero de 2008. La letrada de oficio del paracaidista aseguró a Levante-EMV que no pudo localizarlo. "El día de juicio no se presentó y el fiscal me propuso un acuerdo muy bueno que decidí aceptar", indicó la letrada. El fiscal solicitaba inicialmente diez meses de prisión y ofreció rebajarlos a tres meses si la defensa aceptaba el pacto. El problema jurídico es que los acusados tienen la última palabra y deben decidir si asumen la rebaja de condena a cambio de reconocer los hechos o deciden que se celebre el juicio porque consideran que son inocentes y quieren defenderse.
El Juzgado Togado Militar Número 13 de Valencia encontró al acusado cinco meses después. El joven acudió a las dependencias judiciales valencianas y firmó el acuerdo al que había llegado su letrada sin tener información sobre las consecuencias ya que, según considera probado el Tribunal Supremo, no recibió asistencia jurídica.
El procesado descubrió poco después que las penas militares no se suspenden como en la justicia civil. En el momento en el que tomó conciencia de que debía ingresar en la cárcel, contactó con su letrada y le pidió que recurriera la condena ante el Tribunal Supremo.

Indefensión total
Los magistrados de la sala de lo Militar han llegado a la conclusión de que produjo "una total indefensión" del acusado, que firmó la conformidad con la condena sin saber lo que estaba haciendo. El tribunal incide en la sentencia en que nadie explicó al soldado en qué consistía el acuerdo. La letrada, que es de oficio y tiene el despacho en Madrid, aseguró a este periódico que tras la vista oral siguió intentando localizar a su cliente, pero tampoco lo consiguió. De hecho, la abogada ha vuelto a perder la pista a su cliente, que desconoce que el Tribunal Supremo le ha dado la razón.
El alto tribunal ha ordenado al Juzgado de lo Militar que repita el juicio en las próximas semanas con la presencia del acusado y con otros jueces.