Territorio avaló las casas ilegales de Montroy al aprobar el Plan General cuatro años después de construirlas

REGINA LAGUNA VALENCIA Al ex alcalde de Montroy le costó, pero al final lo consiguió. Francisco Carrión logró que la entonces Conselleria de Territorio y Vivienda aprobara el Plan General de Montroy cuatro años después de permitir que se levantaran más de 80 chalés en suelo rústico en la Canyà de la Murta. Los residentes siguen sin contar con luz, agua ni alcantarillado. Lástima que él ya no estaba de alcalde.
A vendedores, promotores y constructores, Francisco Carrión les aseguraba que la conselleria le apoyaría en su proyecto de convertir los terrenos rústicos de Els Mallars en una nueva zona residencial, como ocurrió con los Balcones de Montroy I y II. El procedimiento era similar. Primero se construye ilegalmente y luego se piden los permisos para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Con la aprobación del nuevo PGOU, incluso se reclasificó suelo forestal junto a estas urbanizaciones para ampliarlas.
La Resolución es del 30 de mayo de 2007, y la directora general de Ordenación del Territorio declara "definitivamente aprobado el Plan General de Montroy", subsanadas las deficiencias señaladas en abril del año anterior, un mes antes de que Carrión dejara la alcaldía.

Legalizar zonas ya construidas
En la misma resolución se explica que las actuaciones más importantes del plan son "la clasificación del suelo urbano incorporando aquellas áreas urbanizables cuya urbanización se encuentra en ejecución". Es decir, se intentaba reparar el delito. Había que declarar urbanizables las zonas que ya estaban construidas para poder realizar la urbanización de un PAI (programa de actuación integrada).
De esta forma, se crearon "dos nuevos sectores de suelo residencial", les Valletes y la Canyà de la Murta. También se aprobó la "ampliación de la oferta de suelo para la vivienda de segunda residencia, planteando un nuevo suelo urbanizable junto a las urbanizaciones Balcón de Montroy I y II, y los dos sectores mencionados, les Valletes y Canyà de la Murta".
La conselleria seguía abriendo la manga al permitir ampliar en "zonas de reserva residencial en suelo no urbanizable" las áreas que presentaban asentamientos residenciales irregulares. Con ello, pretendía posibilitar su "desarrollo posterior" para su "urbanización y conexión con las infraestructuras básicas".
El problema es que el PAI sigue sin aprobarse y los residentes no están dispuestos a pagar los gastos de urbanización, que estaban incluidos en sus contratos cuando compraron los chalés. El alcalde y seis promotores fueron detenidos por ello.