Traductores y jueces exigen intérpretes cualificados por la falta de garantías procesales

V. X. C. VALENCIA "No les interesa el personal cualificado, se mueven por cuestiones de rentabilidad económica", manifestó ayer Juan Miguel Ortega, traductor-intérprete jurado y judicial, además de profesor de la Universitat d'Alacant.
Ortega, junto a otros doce profesionales de la traducción e interpretación, ha firmado un manifiesto a través de la Red Comunica (Observatorio Permanente de la Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos en España) por el que respaldan las denuncias planteadas por la magistrada del juzgado de lo Penal número 29 de Madrid, Pilar de Luna Jiménez de Parga, con relación a "la falta de garantías procesales en los procedimientos judiciales mediados por intérprete debido a la mala calidad del servicio prestado por la empresa responsable de la provisión de traductores e intérpretes".
Ortega recordó que en el caso de la Comunitat Valenciana la privatización del servicio está fragmentada por zonas. La empresa que ha suscitado las quejas en Madrid también trabaja para los juzgados valencianos y para diferentes instituciones europeas y del Ministerio del Interior.
En toda la C. Valenciana sólo hay tres funcionarios intérpretes que provienen de cuando las competencias de justicia las tenía el Estado. Dos trabajan en el Palacio de Justicia de Benidorm y la tercera persona lo hace en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
"Mis alumnos van a observar juicios y vienen escandalizados", explicó Ortega. Su compañera de profesión en la Universitat Jaume I de Castelló, Dora Sales, quien también firmó el comunicado de protesta, señaló que "es una noticia importante que por fin una juez se pronuncie a favor de la calidad de la traducción e interpretación".

Condena por error
De esa profesionalización del servicio depende el futuro de muchos juicios y por extensión de imputados extranjeros. Ximo Bosch, coordinador de Jueces por la Democracia en las comarcas valencianas relató que muchas veces "no se tiene en cuenta si los intérpretes conocen bien el castellano o si tienen conocimientos jurídicos".
Esa situación es bastante habitual. El ciudadano que trabaja como intérprete para la empresa contratada por la administración de justicia habla bien la lengua extranjera pero no matiza correctamente la traducción, algo que resulta vital para el desarrollo de un juicio. "Se detecta que no son profesionales, lo que genera problemas de indefensión, ya que están en peligro los derechos esenciales del imputado. Te pueden condenar por un error en la traducción e interpretación" apostilló Bosch.