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El PPCV se empleó ayer a fondo en tratar de dar la vuelta al contenido del auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat que considera que el informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía -documento en el que se basó el PSPV para presentar su querella contra el presidente Francisco Camps y otros cargos del PP y empresarios- contiene "hechos de posible significación delictiva". A pesar de que el contenido de la resolución ha escocido a los populares valencianos, quienes en privado admiten que barajaban un escenario mucho más favorable a sus intereses (confiaban en el archivo de la causa), la consigna ayer fue la de dar por finiquitada la querella socialista bajo el argumento de que finalmente no habrá investigación sobre la presunta financiación irregular del PP.

El propio Camps, quien protagonizó un acto público en el Palau de la Generalitat, optó de nuevo por ignorar el revuelo político que el caso Gürtel ha generado y, aunque sin citarlo expresamente, lo redujo a "ruido externo". El jefe del Consell mantuvo que un Gobierno debe "tener ideas, propuestas y proyectos", así como dar "la sensación" de que las lidera al servicio de la sociedad que lo ha elegido "independientemente de las circunstancias o del ruido exterior que intenta distorsionar" ese trabajo.

"Satisfecho" de su Gobierno

Camps añadió que está "satisfecho" de su Consell, un comentario que varios de los presentes interpretaron como una contestación a quienes en su partido desde hace tiempo le piden cambios en su Ejecutivo.

El presidente, que presentó junto con la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, el nuevo plan de Modernización de la Generalitat, no aceptó preguntas de los periodistas y, tras el acto, charló amigablemente con algunos empresarios que acudieron al Palau.

Desde el PP, destacados dirigentes populares sostuvieron que el auto del TSJ-CV es un varapalo para los socialistas. El portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, afirmó que la querella "está en la práctica liquidada" y mantuvo que los populares tienen la "conciencia" tranquila porque "están seguros" de que no hay ningún persona del partido que tenga ninguna implicación penal.

Por su parte, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, aseguró que "el tema ya se ha zanjado". "No hay ninguna implicación delictiva como se ha dicho", dijo. Para la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, el PSPV debe pedir disculpas. La primera edil de Alicante instó a los socialistas a dejar de "judicializar" la vida política y les afeó que intenten conseguir en los tribunales lo que no logran en las urnas.

La misma noche en que se conoció el auto, otro alcalde, pero en este caso el de Madrid, echaba a Camps un capote. En una entrevista en CNN+, Alberto Ruiz-Gallardón aseguró que Camps "tiene absolutamente todos los apoyos necesarios para repetir su candidatura". Eso sí, el alcalde de Madrid ligaba el futuro político del jefe del Consell al judicial al afirmar que el PP"no puede establecer un reproche distinto al de los tribunales". Gallardón asumía la interpretación de los populares valencianos al dar por hecho que el TSJC había dicho que "las personas aforadas, y a la cabeza de todos ellos, Paco Camps, no son objeto de reproche penal".

La interpretación del PSPV fue distinta. El portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna, anunció que el partido está estudiando varias "variantes procesales", entre otras, personarse en otro tribunal, en concreto en Madrid. Para Luna el auto "refuerza" su posición al dejar claro que los hechos hay que investigarlos y afirmó que "no exculpa a nadie". Por su parte, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, manifestó que "está claro que hay mucho que investigar" " Que se haga donde mejor convenga, pero que se investigue".