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Reforma legislativa

La nueva ley urbanística quitará iniciativa a los promotores y limitará el crecimiento

 

La norma del Consell da a los ayuntamientos el control sobre el diseño territorial y no será retroactiva - Las reclasificaciones sólo se aprobarán en los planes generales - El crecimiento urbanístico no podrá superar el 20% del suelo

LAURA BALLESTER ­
La reforma de la legislación urbanística valenciana limitará las reclasificaciones masivas a través de los grandes PAI (programas de actuación integrada) y también devolverá la iniciativa urbanística a los ayuntamientos. Los promotores ya no podrán impulsar nuevas urbanizaciones que tripliquen los habitantes de un municipio. Porque los Planes Generales municipales recuperan su protagonismo y no se podrán tramitar planes al margen del diseño urbanístico municipal. Las propuestas estrella de Rafael Blasco al frente de Territorio, la cesión del metro por metro y las cuotas de sostenibilidad, también desaparecen del mapa legislativo.
Estas son algunas de las principales novedades del borrador de la Reforma de la Legislación Urbanística que el vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, presentó ayer a los medios de comunicación, junto a la plana mayor de los responsables urbanísticos de su conselleria.
El borrador ha sido elaborado por los tres catedráticos de derecho de renombre que buscó el fallecido conseller José Ramón García Antón para ordenar el laberinto urbanístico valenciano: José María Baño León, Rafael Gómez-Ferrer Morant y Luciano Parejo. El documento está desde ayer colgado en la web de la Conselleria de Urbanismo, que ha abierto un plazo de información pública (ampliable) de un mes hasta el 22 de marzo. «Es un borrador de trabajo que ahora debemos mejorar entre todos», aseguró un conciliador Cotino. Los tres catedráticos serán los que incorporen, o rechacen, las alegaciones presentadas, para redactar un texto de «máximo consenso» que deberá aprobar el Consell y, después, las Corts.
La Reforma de la Legislación Urbanística Valenciana se impulsa porque se ha creado «un marco legislativo complejo y difícilmente manejable que crea inseguridad jurídica» y que «hace falta agilizar, simplificar y flexibilizar». Y porque hay que adaptar toda la legislación urbanística valenciana a tres leyes estatales y directivas europeas.
La poda legislativa que se realiza en la reforma es de calado. Se eliminan 55 artículos y una disposición adicional de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) de 2005, y otros 25 artículos se desgajan de la ley y pasan a formar parte del reglamento. En la Ley de Ordenación del Territorio(LOT) de 2004 también se suprimen tres artículos más. Aunque es el mastodóntico Rogtu (Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística) de 2006 el que sufre la mayor«liposucción»: De 586 artículos más un anexo sólo quedarán en vigor 278.
Esta purga masiva elimina de raiz una de las críticas más extendidas al urbanismo valenciano (que eran los promotores quienes llevaban la iniciativa al presentar los PAI a los ayuntamientos) ya que devuelve «todo el protagonismo» a los Planes Generales que apruebe cada ayuntamiento. De hecho, el artículo 1 del nuevo texto legal es sencillo pero clarificador: «Solo el Plan General puede reclasificar suelo». Se acabará así con el el coladero de las homologaciones del plan general: una figura urbanística aprobada a finales de los 90 que ha permitido aprobar planes (impulsados por la misma administración) como Gran Manises, Nou Mil·enni de Catarroja, Porxinos o Galiana Golf de Carcaixent. Si un promotor quiere promover un PAI «primero deberá estudiar el Plan General y presentar un proyecto». Y no al revés, como sucedía hasta ahora.
Además, estos PAI tendrán un tamaño limitado: no podrán superar el 20% de la población o del suelo urbano de un municipio, tal como se prevé en la Ley del Suelo estatal (2007) o se aventura en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (en información pública). Hasta ahora el Consell se había resistido a aplicar límites al crecimiento urbanístico de una población. De hecho, eludió incorporar esta medida a la LUV en julio de 2008 cuando tuvo que adaptar la norma valenciana a la Ley del Suelo estatal (si no, la norma del gobierno se aplicaba automáticamente a la legislación autonómica).
Pero ahora, al limitar los crecimientos urbanísticos, el Consell viene a reconocer que los megaPAI no son una solución sostenible para el futuro, aunque los macroplanes urbanísticos en tramitación no se verán afectados por esta decisión. Cotino no admitió que el Consell esté corrigiéndose a sí mismo. «Proyectos como Nou Mil·enni son necesarios para garantizar VPO a precios asequibles. Cada propuesta es adecuada a su tiempo. La LRAU lo era y la LUV también lo fue en su momento».
Por tanto, si no hay límites, no hacen falta las compensaciones a las grandes reclasificaciones que inventó el equipo de Blasco. Se elimina así la obligación de compensar a la administración autonómica por cada metro cuadrado de suelo reclasificado con otro metro cuadrado de terreno protegido (vigente para todas las reclasificaciones desde el 1 de enero de 2006). Y también se eliminan las cuotas de sostenibilidad: una factura que debían pagar las administraciones más consumidoras de suelo, agua o energía, para distribuirla entre los municipios más modestos. Esta medida no llegó a arrancar. Porque ni la misma Generalitat ingresó el 2% del presupuesto destinado a infraestructuras en la caja común de las cuotas, del Fondo de Equidad Territorial.

«La denuncia en Europa es una decisión política»

A pesar de que oficialmente la legislación urbanística valenciana se modifica para «adaptarse a varias directivas europeas», el conseller de Urbanismo y vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, negó ayer que la revisión legal se debe al conflicto urbanístico con las instancias europeas. «Esto no lo hacemos en función del Parlamento Europeo. La denuncia en Europa es política y no técnica», respondió airado (la única ocasión en que abandonó su tono conciliador) cuando fue interrogado sobre la denuncia a la LUV ante el Tribunal de Justicia Europeo. En realidad es la Comisión Europea (y no el Europarlamento) la que ha llevado a los tribunales a las leyes valencianas por incumplir las directivas de adjudicación de contratos públicos de obras y servicios.

Cotino liquida el «paquete legislativo» de Blasco

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El eterno conseller Rafael Blasco aprobó al frente de Territorio y Vivienda (2003-2006) «el paquete legislativo urbanístico», una batería de leyes que en algunos casos reformaban normas aprobadas por él mismo durante su etapa socialista. Blasco hizo bandera de las reformas legales que impulsó y de su «marcado carácter ambientalista». Justificaba la aprobación de este «paquete legislativo» por «la necesidad de superar las deficiencias derivadas de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) socialista».
Los cambios legislativos provocaron varios «efectos llamadas» y la presentación de una avalancha de planes urbanísticos que ha causado auténticos quebraderos de cabeza a los responsables de urbanismo. ¿Qué pasará ahora con los que se hayan visto afectados por el metro por metro?
«La mayoría de los planes se han tramitado por la LRAU, porque con la LUV se han presentado muy pocos», admitió ayer el director general de Urbanismo, José María Selva. Así cuando se aprueba la nueva reforma urbanística habrá planes que se tramiten con la LRAU, otros a los que se aplique la vieja LUV y un tercer grupo que se tramitará con la legislación remozada que, además, entrará en vigor con tres años de retraso (o más, depende de cuándo se apruebe). La LUV preveía en una disposición adicional que obligaba al Consell, al año de su entrada en vigor en febrero de 2007, a aprobar un texto refundido de toda la legislación urbanística. Un texto que llegará, como pronto, en 2011 antes de las elecciones.

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