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L. B./F. J. B./C. R. F./J. M. VALENCIA/ALICANTE
La Conselleria de Urbanismo distribuyó entre el lunes y el martes el borrador de la Reforma de la Legislación Urbanística Valenciana a todos los sectores implicados en esta materia. Según explicó el vicepresidente tercero y responsable del área, Juan Cotino, en el encuentro celebrado con los medios el miércoles, el borrador (y la explicación con "powerpoints") se explicó a representantes de los promotores, colegios de arquitectos, notarios, de ingenieros, registradores y agentes de la propiedad, secretarios de ayuntamientos y a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP).
Dos días después, la mayoría de actores implicados no se atrevían a valorar en profundidad una reforma tan ambiciosa de la legislación urbanística, donde una coma o una simple frase que parece de perogrullo ("sólo el plan general puede clasificar suelo") cambia hábitos urbanísticos practicados durante años como la homologación y plan parcial del plan general que ha permitido reclasificar millones de metro cuadrado de suelo en la Comunitat Valenciana durante la última década.
El secretario de la Asociación de Promotores y Agentes urbanizadores de la Provincia de Valencia, Benjamín Muñoz, aseguró ayer a Levante-EMV que, tras una lectura rápida del borrador, "la reforma me parece una vuelta al urbanismo de 1956 porque todo el planeamiento queda en manos de los ayuntamientos". "No es una crítica, es una reflexión que me hago antes de realizar un análisis con mayor profundidad: ahora que nos copian en toda España la figura del agente urbanizador nosotros nos movemos en sentido contrario. Somos una comunidad pendular, pasamos de un extremo a otro: de la excesiva presencia de lo privado a la excesiva presencia de lo público".
Muñoz ha defendido desde hace años la reforma de las leyes urbanísticas valencianas "porque eran demasiado amplias, desordenadas y contradictorias y debían adaptarse a lo que nos decían desde Europa". Pero teme que muchos ayuntamientos no tengan capacidad, ni técnicos ni dinero para afrontar en solitario la elaboración del planeamiento municipal.
Desde ¡Abusos Urbanísticos No! opinaron todo lo contrario. Su presidente, Enric Climent, considera que la reforma está perdida "si se mantiene la figura del agente urbanizador que ha sido el causante del urbanismo descontrolado y de la burbuja inmobiliaria", según aseguró a la Cadena Ser.
En Alicante, el secretario general de la Asociación Provincial de Promotores de Viviendas (Provia), Jesualdo Ros, valoró el borrador para reformar la legislación urbanística y, sobre todo, "si sirve para agilizar los trámites urbanísticos como nos han trasladado desde la Generalitat". Ros advirtió, no obstante, de que "es pronto para pronunciarnos. Vamos a estudiar el texto, presentaremos nuestras sugerencias y espero que, al final, salga una ley buena para todos. Hablamos del urbanismo del futuro, a partir de 2015, ya que hasta entonces vamos a seguir trabajando con la legislación actual, puesto que la nueva ley no tendrá carácter retroactivo".
El gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Enrique Sanus, manifestó que "en 2006 ya se decía que fuera del Plan General no se podían ejecutar planes que recalifiquen el suelo". De hecho, agregó, el auto del Tribunal Superior de Justicia que ordena la paralización del Plan Rabasa "se basaba en esta normativa". Sanus también valoró la reforma y aseguró que no tendrá incidencia sobre el nuevo Plan General de Alicante.
En el Ayuntamiento de Elx, el concejal de Urbanismo, Alejandro Pérez, reivindicó "un cambio en la legislación urbanística porque la legislación Blasco es farragosa, de difícil interpretación y ha generado muchos más problemas que beneficios". El edil recordó que el fallecido conseller García Antón planteó en su momento un pacto entre las partes para mejorar la legislación al respecto. "Si la senda que emprende Cotino es ésa, la del diálogo con las fuerzas políticas y sociales, entonces es positivo". En relación con el proceso abierto en el Tribunal de Justicia Europeo contra la legislación urbanística del Consell, fuentes de la Generalitat aseguraron que no esperan ni sanción, ni condena.
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