´Hoy estamos resistiendo, mañana podemos estar muertos´

PACO SIMÓN VALENCIA En Colombia las crónicas de las muertes anunciadas se escriben a diario sin que el Estado, presunto garante de la vida, se inmute. El 15 de enero de 2005, una comisión valenciana de verificación de la situación de los derechos humanos en el país sudamericano -integrada por varias ONG y los diputados Ramón Cardona e Isaura Navarro- visitó la comunidad de paz de San José de Apartadó, una población campesina de 1.200 habitantes.
Luis Eduardo Guerra, líder y fundador de la comunidad, explicó cómo, a mediados de los 90, sufrían agresiones del Ejército, los paramilitares y la guerrilla de las FARC, que se disputaban el control de la región. Ante esta situación, se constituyeron en comunidad de paz. Esto implicó el compromiso de todos a no llevar armas, a no relacionarse con los armados y a buscar una solución pacífica al conflicto.

Los ataques continúan
Sin embargo, siguieron atacándoles para obligarles a ponerse de su lado, especialmente el Ejército y los paramilitares que consideraban que negarse a prestarles colaboración era ser cómplices de la guerrilla. Entonces, 122 campesinos de San José ya habían sido asesinados por mantenerse neutrales (20 a manos de la guerrilla). De ahí que Guerra afirmara: "Hasta el día de hoy estamos resistiendo. No sabemos hasta cuando porque lo que hemos vivido durante toda la historia es que hoy estamos hablando, mañana podemos estar muertos".
El 21 de febrero su cuerpo y los de otros siete miembros de la comunidad aparecieron despedazados. Los campesinos acusaron al Ejército y a los paramilitares porque los vieron ese día en la zona e incluso oyeron los gritos de las víctimas.El desmentido del Gobierno fue tan rápido como alejado de la realidad, según las investigaciones judiciales. Un mes después de la matanza, el presidente Álvaro Uribe dijo: "En esta comunidad hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí de auxiliar a las FARC".
Otros miembros del Gobierno relacionaron el crimen con supuestas diferencias entre la guerrilla y la comunidad. La versión oficial que se impuso fue la declaración pública de un presunto desertor de la guerrilla que aseguró que la masacre fue una venganza de las FARC porque dos de los asesinados querían abandonar sus filas. Cinco años después, se ha comenzado a desvelarse lo que ocurrió.