La justicia impide derribar casas en zonas protegidas

S. S. GANDIA Aunque parezca increíble, ni siquiera con la actuación de los tribunales de justicia a veces se acaban derribando viviendas de nueva planta construidas en zonas que están catalogadas como de especial protección, incluyendo parques naturales.
Dos buenos ejemplos de ello son los casos ocurridos en el parque natural del Marjal de Pego-Oliva. El Ayuntamiento de Oliva, uno de los que desde hace años aplica mano dura contra las obras ilegales, remitió a la Generalitat y a la fiscalía sendos expedientes contra edificios levantados en las inmediaciones del humedal. La Generalitat, implicada por ser una zona de alto valor ecológico protegida por un decreto del Consell, solicitó al juez de Gandia que, además de la sanción económica correspondiente, ordenara el derribo de los edificios.
Pero las sentencias sorprendieron tanto a la Generalitat como al Ayuntamiento de Oliva. Los propietarios alegaron que no tenían otro lugar donde vivir, y el juez creyó ese argumento, en el que se basó para impedir que los terrenos fuesen devueltos a su anterior estado. Bien es cierto que, en otros casos, y para desesperación de los infractores, la piqueta ha actuado.