El ladrillo burla la ley en la Safor

La comarca de la Safor no ha escapado al mal de las viviendas ilegales. En casi todos los términos municipales han proliferado edificaciones fuera de ordenación, y en los casos más graves la continuidad de esa infracción ha ocupado ya áreas enteras, a modo de urbanizaciones anárquicas que ahora piden todos los servicios. Sólo en los últimos años, y en parte a raíz de las detenciones por corrupción urbanística, los alcaldes se han puesto las pilas, pero pese a todo son escasísimas las órdenes de demolición que se acaban ejecutando

Sergi Sapena
Gandía
?Ante los ojos de los alcaldes, a la vista de todos y sin que la Generalitat haya puesto nunca los medios necesarios para atajar el problema. Así se han construido en los últimos años en la comarca de la Safor miles de casas fuera de ordenación, un eufemismo que equivale a decir sin licencia, burlando las leyes.
El desbarajuste urbanístico, que en muchos casos ha desembocado en problemas a la hora de ordenar el territorio y extender cascos urbanos e infraestructuras, ha afectado a casi todos los municipios, si bien en algunos casos los alcaldes, especialmente en los últimos años, se han visto obligados a actuar con contundencia y, además de abrir los procedimientos sancionadores, han remitido el expediente a la Fiscalía. Es el caso de Oliva, en donde, a partir de un acuerdo de pleno de septiembre de 2003, las construcciones ilegales en suelo protegido acaban en el juzgado.
Son pocos los que han librado de la anarquía urbanística, pero la incidencia ha sido muy diferente según la actitud de los alcaldes. Almiserà, Barx, la Font d'en Carròs, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Villalonga y Xeraco han visto cómo aparecían viviendas como champiñones repartidas por todo el término, en algunos casos en suelo clasificado como de especial protección.
En los casos más graves, como Barx, la Font, Simat y Villalonga, incluso se han llegado a formar urbanizaciones anárquicas, sin los más elementales servicios y sin que, salvo casos muy extremos, la vulneración de la ley haya acabado con el derribo de lo construido.
Más aún, los ayuntamientos han participado en las operaciones posteriores para tratar de legalizar las viviendas y equipararlas a las que sí cumplen la ley, facilitando la tramitación de infraestructuras que corren a cargo de los propietarios, especialmente el suministro eléctrico o de agua. En Villalonga el consistorio sigue muy interesado en concluir el proyecto para llevar luz a la zona de la Llacuna, en donde, entre este término municipal y el vecino de la Vall de Gallinera, se han levantado cerca de cuatrocientas viviendas.
Hacer la "vista gorda" ha sido la actitud más habitual entre los alcaldes, que, a lo sumo, se veían "obligados" a abrir expedientes de infracción urbanística y cerrarlos con simples sanciones económicas. Al ser preguntados por su actuación, los alcaldes siempre aseguran que "cumplen la ley" y que denuncian a los infractores, pero la realidad es que, en muchos casos, reconocen que lo complicado es fijar el momento a partir del cual, además de la sanción administrativa, se remite el expediente a la fiscalía para que actúe por un delito contra la ordenación del territorio. "Si mi vecino lo ha hecho, por qué no lo puedo hacer yo", es la pregunta ante la que la mayoría de las autoridades locales agachan la cabeza.
Los informes sobre infracciones solicitados por la Fiscalía de Medio Ambiente y los escándalos que han acabado en la detención de alcaldes, concejales y técnicos municipales por corrupción urbanística han supuesto una seria llamada de atención. El miedo de los responsables políticos a terminar como el alcalde de Montroy cambió su proceder y la vista gorda empieza a flaquear. Varios municipios, entre ellos los citados de la Font, Villalonga o Simat, han anunciado o tienen procedimientos abiertos para aprobar planes especiales de ordenación o clasificar como suelo urbano las zonas ya casi del todo construidas. A pesar de eso, de los anuncios de fin de la anarquía y de la política de mano dura que en su día anunció el conseller de Urbanismo, Esteban González Pons, las obras ilegales no se han detenido.