?El Gobierno de España presidido por José María Aznar autorizó en 2002 la búsqueda de petróleo en el litoral castellonense próximo a las Islas Columbretes, que se quedaron a apenas una milla náutica del extremo sur de una de las 7 concesiones otorgadas mediante un Real Decreto firmado por el Rey de España, Juan Carlos, I y el vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía Rodrigo de Rato y Figaredo.
Ni la Generalitat Valenciana, entonces presidida por Eduardo Zaplana, puso objeciones al proyecto, ni Esteban González Pons, en esa época senador, presentó iniciativa parlamentaria alguna. Ocho años después, las Columbretes y la Albufera siguen siendo parques naturales y un símbolo medioambiental para los valencianos y España es solo un poco menos dependiente del petróleo que entonces. La única diferencia apreciable es que en la Moncloa hay un inquilino diferente, aunque Esteban González Pons justifica ahora su oposición en que los valencianos "temen al chapapote y a no volver a ver los eclipses de luna sobre el mediterráneo porque nos lo tape una torre petrolífera".
Aplazamiento
El Gobierno socialista aplaza desde el 19 de agosto de 2006 una decisión sobre la solicitud de Medoil PLC para explorar tres cuadrículas marinas que suman 238.140 hectáreas situadas en el Golfo de Valencia y cuyo límite más próximo a la costa se encuentra a 5 kilómetros del faro de Cullera y a unos 15 de la playa de El Saler.
Posteriormente, el 20 de septiembre de 2008, Capricorn Spain, empresa que absorbió Medoil, solicitó dos nuevos permisos llamados Altamar 1 y 2, que suman 158.760 hectáreas y que se sitúan al norte de los anteriores y a unos 25 kilómetros al sur de las Columbretes.
En 2002, el Gobierno de José María Aznar autorizó las prospecciones petrolíferas en 7 zonas denominadas "Águila", "Ibis", "Flamenco", "Cormorán", "Halcón y "Garceta". Entre las siete suman 647.685 hectáreas y las denominadas "Cormorán", "Gorrión" y "Flamenco" bordean las Columbretes.
Según consta en los archivos del Ministerio de Industria, la concesionaria de estos permisos, British Gas, realizó las campañas sísmicas que ahora solicita Cairn Energy e incluso llegó a perforar un pozo petrolífero al norte de las islas Columbretes antes de perder interés y abandonar los trabajos en 2006 sin que la Generalitat llegara a poner ninguna objeción.
Ayer se sumaba a las críticas contra el Gobierno la la portavoz adjunta del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Castellón Marta Gallén, quien mostró su oposición a las prospecciones petrolíferas que el Gobierno central puede autorizar en el litoral castellonense porque, según ha dicho, es "fundamental" que se "salvaguarde y respete" la reserva natural de les Illes Columbretes.
En un comunicado aseguró que el equipo de gobierno municipal no va a "consentir" que este proyecto "dañe" un paraje natural que es el "emblema" de la capital de la Plana y que forma "uno de los archipiélagos y espacios naturales protegidos más importantes" de la Comunitat Valenciana y del Mediterráneo.
Memoria selectiva en los representantes del Partido Popular
El pasado sábado, la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, afirmaba que la Generalitat no aprueba la realización de prospecciones petrolíferas frente a las playas de Valencia y los parques naturales de la Albufera y de les Columbretes. Según Sánchez de León, la elaboración de informes para decidir si hay exploración sísmica "es una nueva barbaridad por parte del Gobierno de Zapatero", manifestó la consellera, quien acusó al Ejecutivo central de hacer "juegos de trileros permanentemente para sacar el debate público a cuestiones que no interesan a los ciudadanos".
Por su parte el vicesecretario del PPCV, José Ciscar, se refirió a la posible autorización de prospecciones petrolíferas en la Comunitat Valenciana, que debe otorgar el Gobierno, declarando que "estamos ante otra muestra más de los agravios del Ejecutivo central contra la Comunitat", afirmó el dirigente popular.
