El empeño del Consell que preside Francisco Camps en obligar a vestir de uniforme a los subalternos y conductores oficiales de la Generalitat saldrá caro a las ya de por sí maltrechas arcas autonómicas. Nada menos que 590.000 euros - cerca de cien millones de las antiguas pesetas- es el promedio de gasto anual que la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas prevé que costará la medida. Así consta en la memoria económica del decreto que regula la aprobación y uso de ropa de trabajo de uniforme para determinado personal subalterno y conductor de la Administración de la Generalitat aprobado hace un año y que contó con el rechazo generalizado de todos los sindicatos.

La polémica iniciativa se ha empezado a aplicar ya en las distintas conselleries, pero las estrecheces presupuestarias han dado la razón a quienes desde las organizaciones sindicales alertaron de que sería un gasto innecesario y que, además, crearía situaciones de discriminación porque no todos los departamentos podrían disponer de crédito para este asunto. En su día, la Conselleria de Administraciones Públicas justificó la medida en la necesidad de ofrecer "una imagen corporativa idónea y facilitar una identificación de determinados servidores públicos ante el ciudadano". Sin embargo, tal uniformidad está lejos de ser realidad. Según la Federación de Servicios Públicos de la UGT, sindicato que ha llevado el decreto ante los tribunales, ni las propias conselleries pueden cumplir con una norma que no duda en calificar de "casposa" .

Según el responsable de autonómicas de la FSP-UGT, Gonzalo Fernández, después de un año en vigor el balance de aplicación del decreto raya lo grotesco: "Hay unidades administrativas que no han podido comprar ni un triste pantalón porque no tienen dinero; otras que han comprado uniformes a unos subalternos y a otros no; y otros lugares donde, aunque la ropa se ha comprado, el personal carece de vestuario donde cambiarse", indicó González, quien exigió al Consell que, ante grave situación de crisis económica, rectifique y use el dinero para "pagar las ayudas a la dependencia".

El Consell, además, estaba advertido del coste económico de un decreto que en principio solo se va a aplicar a 617 empleados públicos, de los que 503 son subalternos y los restantes 144, conductores oficiales asignados al presidente de la Generalitat, consellers y demás altos cargos. El entonces responsable de Administración Pública, Pedro Javier García, calculó incluso lo que iba a costar vestir a cada uno de los citados empleados. El informe económico establece que durante el primer año de aplicación del decreto uniformar a cada hombre tendría un coste medio de 1.045 euros y a las mujeres, un total de 870 euros. El cálculo incluye el uniforme completo, un chaqueta de punto, una prenda de abrigo, los complementos y dos pares de zapatos. El Consell calcula que las prendas han de reponerse cada año, excepto la de abrigo, que se prevé cambiar cada tres años.