Las residencias proponen al Gobierno asumir a 4.000 dependientes severos

PILAR G. DEL BURGO VALENCIA La patronal de residencias de tercera edad de la Comunitat Valenciana (Aerte) presentará hoy a la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, una imaginativa propuesta económica para generar ingresos en tres frentes diferentes.
El planteamiento que el presidente de Aerte, Alberto Giménez, trasladará hoy a la titular de la cartera de sanidad consiste en convencer a la Administración central y autonómica de que remitir dependientes del grado 3 y 2, que están a la espera de que se les adjudique el recurso de la ley de la dependencia, a las plazas vacantes que hay en las residencias privadas no solo generará puestos de trabajo inmediatos, sino que además el esfuerzo de ambos Ejecutivos tendrá un efecto "boomerang" y retornará al erario en beneficios netos.
El proyecto, que está avalado por un exhaustivo estudio económico, explica que cubrir las 4.000 vacantes (de un total de 20.000) que hay en la actualidad en las residencias privadas de la Comunitat Valenciana con grandes o severos dependientes permitirá la creación de 3.000 puestos de trabajo.
El estudio que se ha elaborado para ser presentado al Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra hoy en Madrid y en el que se va a estudiar la racionalización del gasto en sanidad y dependencia contempla que cubrir esas cuatro mil vacantes con beneficiarios de la dependencia costaría 50 millones de euros a ambas administraciones. El Estado aportaría 12,5 millones y la Generalitat, otros 38 en concepto de prestaciones a los usuarios.
Sin embargo, según explica Giménez esa cantidad retornará a las arcas públicas través de la fiscalización del IVA y el IRPF.
En total, Aerte considera que la aplicación de esta medida reportará 62 millones de euros a ambas Administraciones, "por lo que el saldo de las Administraciones sería a favor en 12 millones de euros que irían a reducir el déficit público", expresó Ramirez.

50.000 vacantes en España
El presidente de Aerte agregó que aunque el estudio nacional todavía no está concluido, la extrapolación de datos para cubrir un total de 50.000 plazas vacantes en residencias geriátricas y centros sociosanitarios se traduciría en un coste de 150 millones de euros para las respectivas Administraciones y un saldo a favor posterior de 130 millones.
Aerte indica en su estudio que a fecha de 1 de enero había en la Comunitat Valenciana 58.413 personas dependientes de grados 3 y 2 que ya están valoradas por los trabajadores sociales y están pendientes de asignación de recurso.
"Con remitir solo el 10% de dependientes a residencias se crearían tres mil puestos de trabajo", destacó el portavoz de la patronal que agregó: "lo que se quiere trasladar a la Administración es que se trata de una propuesta valiosa que no solo no va a costar dinero, sino que va a generar ingresos con impuestos directos".
Aerte estima que el coste de la plaza concertada a través de una prestación vinculada al servicio (una plaza de residencia) costará en total 82.9 millones de euros que se distribuirán en tres partes entre el Estado que aportará el 15,1% del total, la Generalitat que incorporará el 45,9% de la financiación y el usuario que se hará cargo del 39% del coste total de la plaza en concepto de copago.