Medio Ambiente tiene más empleados en Vaersa que funcionarios en la conselleria

LAURA BALLESTER VALENCIA La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ronda, actualmente, los mil funcionarios. En una de sus empresas satélite, Vaersa (Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos SA) han llegado ya a los 1.800 trabajadores. La cifra es la punta del iceberg de la política laboral que se practica desde hace años en este departamento, según denunciaron ayer la Intersindical Valenciana y la CGT: adelgazar la función pública mientras "se engorda la nómina de trabajadores contratados a dedo que trabajan al dictado del político de turno y no en beneficio del servicio público". Los dos sindicatos convocaron ayer una concentración a las puertas del departamento que dirige Juan Cotino a la que asistieron unas cincuenta personas, entre trabajadores y miembros de Acció Ecologista Agró, la Plataforma No a la contaminació de les comarques de Castelló o Salvem el Cabanyal, que secundaron su protesta.
La Sindicatura de Comptes y la de Greuges han confirmado estas prácticas en numerosas ocasiones, no sólo respecto a Vaersa, sino también en relación al Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa), ya que muchos de los trabajadores de ambas empresas acaban realizando trabajos para la conselleria "que corresponde realizar a funcionarios público".
De esta manera, trabajadores "que no son funcionarios públicos acaban tramitando las declaraciones de impacto ambiental, las autorizaciones ambientales integradas a grandes empresas contaminantes y generadoras de residuos, instrumentos de planificación urbanística como los famosos PAI (programas de actuación integrada) o incluso los procedimientos sancionadores por incumplimiento de la legislación ambiental y urbanística". Incluso "las ayudas a la vivienda las gestiona la empresa privada Indra", denuncian los trabajadores.
Se trata, denuncian desde la Intersindical Valenciana y CGT, de "una privatización escandalosa del servicio público, lo cual menoscaba los principios de independencia, imparcialidad y objetividad en el ejercicio de las funciones públicas. Se pone en peligro la prestación del servicio público con imparcialidad y objetividad". Y añadían, a las puertas de la conselleria, en una concentración que se prolongó durante una hora: "¿Qué resolución o que informes puede firmar un trabajador cuyo empleo depende del político que le ha contratado?", se preguntaban los funcionarios de la conselleria. Por estos motivos han presentado tres demandas, dos por la vía contencioso administrativa y una por lo social.