La decisión de los portavoces de derogar el reglamento de pensiones e indemnizaciones por cese de los diputados de las Corts, a instancias del síndic del PSPV, Ángel Luna, ha generado mucho malestar en la Cámara, pero casi nadie se atreve a expresar su descontento a la dirección de su grupo. Los ya ex diputados, los de fuera afectados por la medida de dar marcha atrás, están siendo más directos.

Leandre Picher Buenaventura, por ejemplo, ocupó escaño durante cuatro legislaturas hasta que se fue "con una mano delante y otra detrás a los 55 años". Lo dice en una severa carta, a la que ha tenido acceso este diario y en la que le ha remitido al portavoz socialista, Ángel Luna, para "protestar enérgicamente" por "una de las mayores indignidades políticas que he conocido en mis 34 años de militancia en este partido". Así califica la decisión de archivar el reglamento para complementar las pensiones de sus señorías, de forma que, con los 35 años de cotización preceptivos, pudieran cobrar el 80% de la pensión máxima si tienen entre 7 y 9 años de ejercicio parlamentario; el 90%, si han ocupado escaño de 9 a 11 años y la máxima, cuando se ha estado más de 11 años en las Corts.

En la misiva, Picher se pregunta si "dejar la política para los millonarios o funcionarios de alto nivel no es una quiebra de nuestros principios" y, a continuación, plantea: "¿Es que no hay excepcionalidad y agravio en esta situación nuestra en comparación con otros sectores sociales?". "Los que fuimos diputados tenemos derecho, lo mismo que puede tenerlo un trabajador del mar, de la mina o de la banca (...), que tienen convenios especiales con complementos". Este planteamiento lo formula tras denunciar que después de las elecciones de 1983 " estuvimos varios meses sin que las Corts nos dieran de alta en la Seguridad Social".

"No renuncias a tus derechos"

"Después, se nos cotizó durante muchos años por la mínima y no por el sueldo que percibíamos, sino por la misma base que cotizábamos antes de ser diputados, y sólo en mis dos últimas legislaturas, 91-95 y 95-99, comenzó a normalizarse la situación de las cotizaciones", explica el ex parlamentario socialista, que pide solidaridad con "todos aquellos que ejercieron la política en tiempos difíciles". Lo acusa de "falta de solidaridad con el débil cuando derogas derechos cuando no me consta que tú renuncies a los tuyos". "Me dirijo al portavoz y abanderado, como tu mismo te autocalificas, de la iniciativa parlamentaria", le escribe Picher a Luna, al que le reprocha haber decidido por su cuenta "sin encomenadarte ni a Dios ni al diablo, sin la más mínima consideración de cortesía aunque sólo fuera para ser oídos tus compañeros que en su día fueron diputados socialistas".

En otro de los pasajes más duros, el ex secretario de organización del PSPV, llega a asestarle a Luna: "Palabras como moral, estética o agravio comparativo, que utilizas como argumentos de apoyo a tu posición, son sólo palabras que según quién las dice y en determinados contextos no significan nada".

Diecisiete socialistas ex parlamentarios están afectados

"Mi situación no es singular porque como yo hay 17 ex diputados socialistas y habrá más en el futuro que estarán en esta situación con pensiones ínfimas, sin trabajo o en activo, que no pueden mantener cotizaciones altas porque no son funcionarios o rentistas", explica Picher en su carta al portavoz socialista en las Corts. A todos los afectados por la decisión de derogar el reglamento de pensiones y finiquitos que han solicitado ejercer su derecho se les ha denegado con una resolución de las Corts que se sostiene en el informe jurídico firmado por el etrado Juan Antonio Martínez Corral y asumido por el letrado mayor de las Corts, Francisco Visiedo. En ese "posicionamiento de letrados a la carta", en palabras de Picher, se sostiene que las Corts no tienen capacidad legal para aprobar un reglamento de pensiones y finiquitos o que no se solicitó informe económico al área financiera de la Cámara, entre otros reparos. Además, el letrado autor del documento alerta, a la presidenta de las Corts, de la ilegalidad que se podría cometer si se otorgaban esas indemnizaciones. El abogado y diputado socialista Manuel Mata defendió, durante una reunión del grupo, que ese informe por encargo no tenía ningún rigor jurídico. f. a. valencia