T. CUQUERELLA/V. X. C. XÀTIVA/VALENCIA
La retirada de las fotos referentes al caso Gürtel que la exposición de la Unió de Periodistes Valencians mostraba en el Museu Valencià de la Il.lustració i la Modernitat (Muvim) fue defendida ayer por el presidente de la Diputación de Valencia y presidente provincial del PP, Alfonso Rus, manifestando que "la libertad de expresión no quiere decir que uno no tenga libertad de opinión".
Rus, quien señaló que no ha visto la exposición porque "estaba fuera", aprobó la medida unilateral de la retirada de las fotografías de política ordenada por el departamento de Cultura de la diputación. La polémica surgió después de que en la inauguración de la muestra el pasado jueves el diputado provincial de Economía y Hacienda, Máximo Caturla, expresara su malestar por aparecer imágenes del caso en el que se investiga la trama corrupta vinculada al PP, uno de los ejes centrales de la actualidad valenciana del año 2009, argumento de la exposición.
Desde el departamento de Cultura provincial, encabezado por Salvador Enguix, se decidió retirar la sección de política de la exposición del Muvim, dependiente de la Diputación de Valencia. Entre las imágenes retiradas de esta se englobaban fotos del caso Gürtel como las del presidente Francisco Camps saliendo de declarar del Tribunal Superior de Justicia, o la de una charla en una terraza entre uno de los principales imputados Álvaro Pérez "el Bigotes" con el ex conseller del PP Víctor Campos.
Alfonso Rus justificó la medida al afirmar que "las exposiciones son exposiciones y no política" y respaldó el acto apuntando que "el diputado entendió que no era positivo esas fotografías dentro de un marco que no comporta política".
Tras la retirada de las fotos por parte de la Diputación el acto fue tachado como "censura" por la Unió de Periodistes. La asociación decidió retirar toda la muestra del Muvim para poder exponerla íntegramente en otra sala. Ayer, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) manifestó que la retirada de las fotos es "un intolerable acto de censura impropio de una sociedad democrática que atenta directamente contra la libertad de expresión y de información, pilares fundamentales del Estado de Derecho". FAPE pidió a la Diputación que "no tenga miedo a la libertad de expresión".