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Los consulados británicos de Alicante y Málaga contarán a partir de abril con sendos funcionarios expertos en legislación que proporcionarán información sobre urbanismo, educación, sanidad o servicios sociales a los residentes en España, con lo que se pretende prevenir problemas legales. Con esta medida, fruto de un acuerdo alcanzado por los gobiernos británico y español con la Generalitat Valenciana y la Junta de Andalucía, se pretende evitar, asimismo, que se repitan casos como el de Albox (Almería), donde existen órdenes de demolición de ocho viviendas construidas sobre suelo no urbanizable. Un problema que comparten varias poblaciones alicantinas, como Xàbia o La Vall de Laguar, en la Marina.
El secretario de Estado para Europa en el Ministerio británico, Chris Bryant, indicó que casi todos los países europeos han sufrido la crisis financiera, y en España ha habido un "problema con el mercado inmobiliario". Así, aludió al descenso en la afluencia de turistas británicos a España, al pasar de recibir 17 millones en 2008 a 11 millones en 2009, tras lo que añadió: "Espero de que seamos capaces de que los problemas o no existan o sean mínimos". Bryant expresó su voluntad de que los turistas "regresen", y apostilló: "Si las casas se caen por razones legales en España, eso no ayuda".
Por su parte, el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, explicó que el acuerdo posibilitará hacer una "labor informativa que tenga carácter preventivo" para evitar problemas para los que "una vez que se introducen en la maquinaria judicial es más difícil buscar soluciones", y ha recordado que en España reside cerca de un millón de británicos, fundamentalmente en la Comunitat Valenciana y Andalucía.
