El director general de Radiotelevisión Valenciana, José López Jaraba, ha reivindicado hoy que han llegado "hasta donde la ley permite en este momento" con la suspensión cautelar del ex secretario general de RTVV Vicente Sanz, y ha reivindicado la actuación "discreta, modélica y prudente" del ente.
Jaraba se ha pronunciado así en la comisión de control de la actuación de RTVV de Les Corts, donde se ha alterado el orden del día a petición del director general para incluir como primer punto su comparecencia para hablar de la denuncia de tres periodistas de Canal 9 por acoso sexual contra Vicente Sanz.
El director general ha aseverado que Sanz actualmente está "fuera de la tele, sin empleo, sueldo, finiquito ni indemnización", y ha resaltado que el proceso judicial está en una fase "muy preliminar", hasta el punto de que a Canal 9 todavía no se le ha notificado la denuncia de las trabajadoras, ni éstas la han ratificado en el juzgado.
La oposición ha exigido el cese "inmediato y definitivo" de Sanz, en tanto que es un cargo de confianza nombrado "a dedo", porque si no lo hace será "cómplice" de su actuación, que es consecuencia en su opinión de un "abuso de poder" y de una política de personal "clientelar, totalitaria y despótica".
La diputada del PP Sagrario Sánchez ha instado a que se deje actuar de forma "libre" a la justicia y ha dicho que le parecería "carroñero y detestable" que la oposición quiera usar este caso políticamente "para ganar las elecciones", por lo que ha instado a que se deje de hablar de él, o los ciudadanos "pensarán que no tienen otro proyecto para la sociedad".
Jaraba ha explicado mantendrá vacante la plaza de Sanz "hasta que haya una resolución judicial al respecto, o hasta que se produzca un nuevo nombramiento", y ha destacado que, tras la renuncia que Sanz presentó para "evitar la erosión de la cadena, dado que se trata de un asunto personal", delegó las funciones de ese cargo en su jefe de gabinete para "evitar cualquier bloqueo administrativo en RTVV".
Ha explicado que conoció la situación el pasado 12 de febrero, cuando un persona cercana a una de las tres denunciantes se puso en contacto con un directivo, y que mantuvo con las tres contacto telefónico ese fin de semana para ofrecerles su respaldo, mientras que el lunes siguiente se reunió con ellas y se les ofreció la posibilidad de que ni fueran a trabajar.
Ha defendido que la dirección general de RTVV se interesó de forma "inmediata, urgente y personal" por las afectadas y que abrió "un proceso interno de recogida de información sobre lo sucedido", mientras que una vez que el 23 de febrero se publicó en un periódico parte de la denuncia aceptó "de inmediato" la petición de suspensión cautelar presentada por Sanz.
La socialista Nuria Espí ha acusado a Jaraba de ser "co-responsable político" de Sanz por no actuar "con contundencia"; ha considerado que el director del MuVim, Román de la Calle, le ha "enseñado el camino de recuperación de la dignidad", y ha defendido la "obligación" de la oposición de hablar de un tema de esta "gravedad", lo que no es "carroñerismo".
Mònica Oltra, de Compromís, ha exigido el cese definitivo de quien dijo que estaba en política "para forrarse" y ha acusado a Jaraba y a la empresa de ser "cómplice" de Sanz y de estar "del lado oscuro" y del "presunto agresor", y no de las víctimas. Marga Sanz (EU) ha dicho que la suspensión cautelar supone tolerar un comportamiento presuntamente delictivo.
Jaraba ha negado que conociera antes estos hechos, ha dicho que no le consta que haya otras afectadas, y se ha negado a abrir "un juicio paralelo" sobre un asunto que está "sub iudice" y a hacer "política con las miserias y las desgracias de las personas".
"Yo actúo según hechos", ha dicho Jaraba, quien ha destacado que sólo habló con la Generalitat para informar de la decisión de suspender a Sanz -"el chapapote me lo como yo, no lo llevo a ningún sitio", ha añadido-, y ha defendido que bajo su mandato se ha impulsado la comisión para el plan de igualdad.
Ha reivindicado que las medidas que han tomado son "suficientes en este momento" y que "los tiempos los marcará el juzgado", y ha argumentado que la normativa da doce meses para abrir un expediente disciplinario, y que la jurisprudencia del Supremo defiende que haya sentencia firme antes de un despido disciplinario por esta causa.
