El valenciano ya tiene su grupo de presión, un lobby que lo defienda de las inclemencias externas. La plataforma se llama Sí al valencià. La integran un centenar de colectivos cívicos, políticos y sindicales; una especie de frente lingüístico que agrupa a todos los grandes excepto al PP. Y su primer caballo de batalla se dio a conocer ayer en un acto de presentación pública celebrado en el Octubre CCC de Valencia. La plataforma exige a la Generalitat que incluya el requisito lingüístico en la nueva ley del funcionariado valenciano. Es decir: que durante el proceso de selección laboral, los aspirantes a trabajar en las administraciones públicas valencianas tengan que acreditar un conocimiento oral y escrito del valenciano. "Sólo así -explica el manifiesto- garantizaremos que el personal de las administraciones valencianas pueda respetar los derechos de los valencianos y ponga fin a una discriminación que dura ya demasiado tiempo". De ese modo se intenta erradicar la muletilla de "¿me lo puede decir en castellano?" cuando se usa la lengua propia ante un juez, un policía, un administrativo o un enfermero.
Al más puro estilo de lobby americano, Sí al valencià se hace visible cuando está a punto de debatirse en las Corts la nueva Ley para la Ordenación y Gestión de la Función Pública. El proyecto de ley elaborado por el Consell no regula la cuestión lingüística. Simplemente, la ignora. Si sale adelante esta propuesta, la situación podría continuar como hasta ahora: dominar el valenciano no sería un requisito legal para trabajar en la función pública, sino un mérito que podrían aducir los empleados públicos para ganar puntos.
Sin embargo, la plataforma Sí al valencià pretende evitarlo. Recuerda que el resto de comunidades autónomas con lengua propia -Cataluña, Baleares, País Vasco y Galicia- sí que exige a sus funcionarios públicos el requisito lingüístico. Además de vulnerar los derechos de una parte de la población, denuncia la plataforma, la excepcionalidad valenciana instigada por la administración dificulta la "normalización social" del valenciano que establece la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià de 1983.
Como mínimo, entenderlo
El presidente de Escola Valenciana y miembro activo de Sí al valencià, Diego Gómez, aseguró ayer que "más del 60% de funcionarios valencianos tienen acreditada la competencia lingüística en los exámenes oficiales", por lo que "no supondría ningún problema de organización". "Por tanto, hacerlo legal es sólo una decisión política, y ya no se puede demorar más", dijo Gómez, porque la regresión en el uso público del valenciano "es la pata coja de la democracia valenciana". Para arreglarla, Sí al Valencià vehiculará a través de PSPV, EU y Compromís una enmienda conjunta al proyecto de ley para que el PP acepte introducir el requisito lingüístico. También recurrirán al Síndic de Greuges.
Otra entidad activa dentro de la plataforma es Acció Cultural del País Valencià. Su coordinador, Toni Gisbert, explica que Sí al valencià busca "hacer necesaria una mínima capacitación lingüística" para todos los empleados públicos. Como mínimo, que entiendan la lengua propia. Pero además, la plataforma aboga por que la Generalitat "catalogue lingüísticamente los puestos de trabajo". Un jardinero, dice Gisbert, no necesita tanta competencia lingüística como un administrativo que trabaje en la atención al público o un secretario municipal que redacte textos oficiales. Y en consonancia con esas necesidades, debería exigirse diferente nivel lingüístico a los empleados de la administración. Por ley. Es el primer movimiento del frente por la lengua.
Abren una web para recoger adhesiones
La plataforma "Sí al valencià" ha abierto una web (http://sites.google.com/site/sialvalencia) para recoger adhesiones individuales a su manifiesto. Ya han recogido el apoyo de una veintena de "notables", entre los que destacan los académicos de la AVL Josep Lluís Doménech y Honorat Ros, el dramaturgo Carles Alberola, el grupo Al Tall, el activista Eliseu Climent o el ex rector de la UV Ramón Lapiedra. Al acto de presentación pública de ayer asistieron Enric Morera (Bloc), Marga Sanz (EU), Mireia Mollà (Iniciativa), Pilar Sarrión y Vicenta Crespo (PSPV), y los responsables de Acció Cultural, Escola Valenciana, Ca Revolta, el Micalet, CC OO, UGT e Intersindical. Hablaron los escritores Carme Miquel y Jesús Huguet, la periodista Rosa Solbes y Joan Sifre. p. cerdà
