FRANCESC ARABÍ VALENCIA
El órgano de sabios en Derecho encargado de dictaminar sobre la legalidad de los actos del Consell se ha saltado la normas en el informe dedicado al anteproyecto de la nueva Ley de Función Pública valenciana, que ayer fue aprobado por el Gobierno valenciano para su remisión a las Corts. Al menos eso denuncia el sindicato Comisiones Obreras, por lo que respecta a la interpretación que hace el Consejo Jurídico Consultivo (CJC) de las ventajas de reducción del horario laboral que podrá disfrutar una funcionaria que sea víctima de la violencia de género.
El Jurídico entiende que el artículo 67 del proyecto es incompleto, en su apartado cuarto, en la medida en que sólo concede «a las funcionarias víctimas de violencia de género» la posibilidad de un cambio de horario «para hacer efectiva su protección». Esa flexibilización iría desde el «derecho a la reducción de la jornada» a la «reordenación del tiempo de trabajo a través de la adaptación del horario». El órgano letrado considera que la Generalitat «debería extender su ámbito de aplicación a cualquier funcionario —hombre o mujer— que sea víctima de violencia doméstica». La secretaria de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, Soledad Fernández, considera que esa enmienda es «una barbaridad». Política y jurídicamente. Dice que «sólo hace falta leer el artículo 1 de la ley integral de medidas contra la violencia de género para saber que es una ley de protección a las mujeres, que son víctimas de una situación histórica de sumisión y desigualdad».
Para Fernández, esa exigencia atenta, además, contra el Estatuto Básico del Empleado Público, que sólo contempla esa situación administrativa de flexibilidad de horario para el caso de las funcionarias. Cuestiona, asimismo, el uso del término «violencia doméstica», otra aberración, señala, que avala los «prejuicios machistas» que se desprenden de un dictamen que ha sido firmado por seis hombres y una mujer, según subraya.
También vinculado a la violencia machista, el consejo formula la observación «esencial» —incorporada al proyecto de ley por el Consell, según anunció ayer su portavoz, Paula Sánchez de León— de impedir que la excedencia de una funcionaria se pueda prorrogar hasta un máximo de tres años cuando sea necesario para proteger a las víctimas bajo tutela judicial.
La norma estatal no lo permite
El CJC aduce que el citado Estatuto Básico del Empleado Público es legislación estatal que no puede rebasarse y ahí no se permiten más de 18 meses. Soledad Fernández entiende que podrían haberse buscado «otras alternativas» para proteger a las mujeres maltratadas a través de la excedencia laboral.
«No es lógico que al final una mujer maltratada que, además, sea madre de una hija menor de 12 años, por ejemplo, tenga que recurrir a la vertiente de la maternidad para poder proteger sus derechos, incluida su vida, como mujer maltratada», reflexionó la responsable de función pública de Comisiones Obreras. Para Fernández, el informe demuestra una «preocupante falta de tacto en un asunto de enorme sensibilidad social».
Los letrados están hartos del «los/las»
«No sólo dificulta la lectura de la norma, sino que supone una construcción gramatical incorrecta». Los firmantes del órgano jurídico se muestran molestos con el exquisito cuidado que el anteproyecto de Ley de la Función Pública evidencia en el uso de las palabras para evitar el lenguaje sexista. Expresiones del «estilo funcionaria o funcionario interino» o «jefas o jefes inmediatos», en algunos de los artículos, molestan a los letrados. Por ello recomiendan emplear «el masculino genérico que abarca ambos géneros». Y cita expresiones moldeo como «el personal funcionario». f. a. valencia
