LAURA BALLESTER VALENCIA
"El escenario expansivo de crecer el doble y el triple se ha acabado", sentenció el arquitecto urbanista y "padre" de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), Gerardo Roger, quien alabó que la derogación de algunos artículos "permitirá establecer una lógica del desarrollo urbanístico, donde no hay más que aplicar el sentido común". Este reputado urbanista, alabó la novedad de que se exijan informes de sostenibilidad económica a los planes generales (Palau los rechazó) para "que se diga claramente con qué dinero el ayuntamiento mantendrá las calles y el alumbrado. Se trata de evitar destarifos absolutos". Según Gerardo Roger actuaciones como la de "Rabassa o Nou Mil·lenni no se podrán aprobar. Y estoy seguro que no se van a hacer. ¿Con qué dinero se va a mantener las zonas verdes y el alumbrado? A partir de ahora, en lugar de PAI de 13.000 viviendas haremos trece de mil, como mucho". l. b. b.valencia
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La reforma de la legislación urbanística fracasará si no se acortan los plazos de tramitación de los planes, según coinciden en diagnosticar los arquitectos de la provincia de Valencia. Más de un centenar de profesionales han debatido esta semana, convocados por la Agrupación de Arquitectos Urbanistas del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana, el adelgazamiento del paquete legislativo urbanístico que inició en febrero la Conselleria de Urbanismo. En general, los arquitectos agradecen la publicidad que se ha dado a la reforma legal y el esfuerzo que se ha hecho por solucionar el desaguisado provocado por la inflación legislativa. Pero esperaban mucho más. Y, además, han detectado contradicciones del nuevo articulado con documentos que también se tramitan, como la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV), y que achacan a "la falta de coordinación" entre las direcciones generales de Urbanismo y Paisaje de la misma Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda que dirige Juan Cotino.
Según se expuso durante el debate, tres objetivos de la ETCV se fundamentan en principios que se derogan en el nuevo texto legal en información pública o les ponen trabas. Por ejemplo, el Objetivo 12 de la Estrategia "Aplicar de forma eficiente los instrumentos de equidad territorial", que se basa precisamente en el fondo de equidad territorial, la caja común en la que los ayuntamientos que consumieran más suelo o agua debían ingresar las cuotas de sostenibilidad (y que nunca se han puesto en marcha). Este "impuesto verde" que penalizaba al que consumía mas territorio se suprime en la nueva ley por lo que no debería aparecer en la estrategia. Similares contradicciones se producen con los objetivos 23 (uso racional y sostenible del suelo) y 24 (suelo para la actividad económica) de la Estrategia. Ambos prevén que los municipios no puedan crecer más de un 30% de las viviendas o residentes que ya existen (simplificando mucho) cuando la reforma urbanística remite al 20% de la Ley del Suelo estatal (si se rebasa se ha de modificar el Plan General, una traba disuasoria más que prohibitiva).
Además, si sólo los planes generales pueden clasificar suelo, algunos trabajadores del Sepiva ven peligrar los nodos de actividades económicas previstas en la ETCV y las áreas industriales prioritarias.
Análisis de Palau y Roger
El borrador de la ley fue desmenuzado por el abogado urbanista José Manuel Palau, que analizó su alcance y contenido, y por el arquitecto urbanista Gerardo Roger, que analizó las perspectivas del urbanismo valenciano tras la reforma.
En opinión de José Manuel Palau, el gran "olvidado de la reforma urbanística ha sido el factor tiempo, que en urbanismo no existe. Se sabe cuándo se empieza pero no cuándo se acaba". Palau, que desde 1990 a 2003 trabajó como técnico en los servicios territoriales de urbanismo en la antigua Coput, lamenta que la nueva ley "obliga a cumplir plazos a los administrados pero no al administrador. Si no se aborda la tardanza no será una norma que tenga validez", vaticinó. "Un plan general es imposible ejecutarlo en una legislatura, en seis años es ser optimista. El problema es que se pueden alcanzar los diez años que es un ciclo económico. Una virtud que no tiene la reforma legal es la agilización administrativa y no se puede creer en algo que no soluciona un problema". De hecho, incluso admitió, no sin sorna, que "yo, hoy en día, no sé tramitar un Plan General. Se exige tal carga documental que hace inviable redactar un PGOU". Por ello, solicitó "un planeamiento más simplificado, no anárquico ni permisivo, pero sí liberado documentalmente". Palau también considera que el nuevo texto legal "cercena la iniciativa privada y no me parece acertado. No veo la necesidad de eliminarlo, si está la administración para regular el tráfico". Sobre la caducidad de los programas de actuación integrada (PAI) reclasificatorios (que pueden anularse a partir de un año desde que se apruebe la ley, si no se han iniciado), Palau considera que "es un absurdo. ¿Por qué caducar algo que ha iniciado la admiministración? A más de un banquero le habrá dado un infarto".
