Casi 30.000 casas ilegales entre el Túria y la Calderona

Desde la década de los sesenta -mucho antes del primer PAI y de la primera denuncia por barbaridad urbanística-, las comarcas del Camp de Túria y Los Serranos han sido un lugar preferido para el descanso dominical del atribulado habitante de la metrópoli valenciana. Suelo barato, aceptables comunicaciones, ayuntamientos poco preocupados en eso que después se llamó ordenación del territorio, y miles y miles de metros cuadrados de campo y monte a disposición del primero que quisiera hacerse una casita, ya sea con sus propias manos a modo de pasatiempo, o contratando a alguna de las cuadrillas de albañiles que surgieron en estas comarcas ante la creciente demanda.

Muchas de esas casetas de campo -en ocasiones, un terreno vallado con paellero, balsa y poco más- iban acondicionándose hasta que sus dueños decidían abandonar su casa en la ciudad para vivir allí a tiempo completo. Junto a ellas, se construían nuevos chalés y formaban entre todos núcleos residenciales que solían carecer de calles asfaltadas, alumbrado, alcantarillado o colectores de aguas. Años después, muchos de estos núcleos siguen teniendo el mismo aspecto.

En los setenta, l'Eliana -pionera en esto de la segunda residencia- decidió tirar por la calle de en medio y normalizar la situación declarando urbano casi todo su término municipal. Pero casi el resto de localidades de la zona ha esperado al cambio entre el siglo XX y el XXI para diseñar y aprobar planes generales o normas subsidiarias en los que muchos de estos núcleos residenciales que fueron surgiendo durante décadas quedaban legalizados al declarar su suelo urbanizable.

En 1992, un estudio del departamento de Geografía de la Universitat de Valencia, dirigido por el profesor Jorge Hermosilla, señalaba que en el Camp de Túria el 60% de las residencias secundarias se encontraban en suelo rústico, y contabilizaba alrededor de 28.450 viviendas ilegales y cerca 76 de grandes núcleos residenciales de la misma condición en esta comarca y, en menor medida, en Los Serranos.

Llíria era el municipio con más chalés ilegales, unos 8.000 de los 9.000 con los que contaba en 1992, seguido en esas fechas por Riba-roja (5.000 de 7.000), Nàquera (4.000 de 8.000) y Vilamarxant (3.360 de 3.500). En este último municipio, la memoria de su actual concierto previo cuenta hasta 4.500 viviendas situadas sobre suelo rústico. De ellas, alrededor de 500 se quedarían dentro del suelo no urbanizable protegido por el Parc del Túria.

Los 9.000 "ilegales" de Llíria

El de la capital del Camp de Túria es un buen ejemplo de lo que desde entonces han hecho varias de estas localidades para dar una salida legal a estas miles de viviendas edificadas sobre suelo rústico. En casi 340 hectáreas de terrenos (el casco urbano tiene 66 hectáreas) Llíria contaba con 65 núcleos de población repartidos en 27 sectores, 9 de ellos urbanos desde el PGOU de 1985. Los 18 restantes eran urbanizaciones en suelo rústico hasta que el PGOU de 2005 también los declaró urbanizables. A partir de esos dos grandes planes urbanísticos y distintas modificaciones, el consistorio legalizó su situación. A cambio, sus vecinos tienen que constituirse en Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) y ocuparse de iniciar los trámites de los PAI con los que urbanizar los núcleos. Pero no todos están dispuestos, y varias asociaciones vecinales exigen que sea el consistorio el encargado de dotar de servicios a sus urbanizaciones.

En los últimos siete años, se ha completado de esta forma en Llíria la urbanización por gestión directa de 5 de las 39 unidades de ejecución (además de una que se ha adjudicado de forma indirecta) para dotarlas de todos los servicios, lo que afecta a 450.000 m2 de terreno y a cerca de 400 viviendas. En esta legislatura se va a llevar a cabo el proceso de urbanización en otra unidad de ejecución con 80.000 m2 y se ha iniciado la regularización de otras cinco unidades de ejecución (unas 700 viviendas). Pero aún queda mucho por regularizar y no será tarea fácil.

Otros municipios del Camp de Túria, como Bétera, Riba-roja o Vilamarxant, también han optado por regularizar lo que la LUV califica como "áreas semiconsolidadas", tratando que sean los residentes quienes ejecuten la urbanización. En la Pobla de Vallbona, el ayuntamiento ha llegado a destinar las ayudas del Plan E para dotar de alcantarillado a dos de las urbanizaciones que surgieron hace años en suelo rústico.

Aún así, siguen produciéndose infracciones urbanísticas e incluso construyéndose nuevas viviendas en suelo no urbanizable y protegido a pesar de que los consistorios persiguen más que nunca las construcciones fuera de ordenación. En Bétera, por ejemplo, entre 2004 y 2010 se han abierto 243 expedientes sancionadores por edificaciones y obras sobre suelo no urbanizable. Y en Riba-roja, en 2007 se detectaron 177 infracciones por obra ilegal mayor o menor, en 2008, 125 y en 2009, 90. ¿Por qué ha descendido el número? El concejal de Urbanismo de Riba-roja, José Luis Folgado, lo tiene claro: la crisis urbanística hace que se construyan menos chalés y, por lo tanto, menos irregularidades.

Según su gravedad, este tipo de infracciones las sanciona el propio consistorio o se comunican a la Fiscalía, que en algunos casos ordenan la demolición del inmueble infractor. Pero hay casos tan graves que los ayuntamientos optan por acudir directamente a los juzgados.

Hace unas semanas, el juzgado número 1 de Llíria abrió diligencias contra el ex alcalde socialista de Olocau por un presunto delito contra la ordenación del territorio tras una querella presentada por el actual gobierno municipal. Según esta querella, en 2006 el munícipe concedió una licencia de obras para instalar dos líneas de sumistro eléctrico y un centro de transformación para dar servicio a 18 viviendas construidas sobre suelo no urbanizable protegido en las zonas de Escopar y Pla de Horcan. Y lo habría hecho contra el informe del arquitecto municipal en el que se advertía que esta actuación era contraria a los usos reservados para este suelo.

En la comarca de Los Serranos, destaca el caso de Pedralba. Este municipio con menos de 3.000 vecinos censados en la actualidad, tenía en 1992 unas dos mil segundas residencias, todas ellas ilegales. Desde entonces, según fuentes del propio ayuntamiento, se han construido unas trescientas casas más, que siguen siendo ilegales. Y es que, excepto el casco urbano, gran parte del término municipal está calificado como suelo no urbanizable de protección agrícola.

El consistorio ya ha diseñado un nuevo plan general (que aún no está aprobado) en el que se regulariza la situación de algunos núcleos residenciales -como la urbanización Mallaes, con unos 800 chalés- cuyos vecinos, al igual que ocurre en Llíria, tendrán que desarrollar un PAI para poder tener alumbrado, alcantarillados y demás dotaciones. Pero otras muchas viviendas están desperdigadas en zonas de monte, e incluso algunas en la zona protegida del Parque del Túria. Estos chalés nunca podrán ser legales y algunos de ellas, tal como avisan fuentes municipales, tendrán que ser demolidos.

Un estudio encargado por el Institut d'Estudis Comarcals del Camp de Túria a la Universitat de Valencia destaca la importancia de la proliferación de viviendas ilegales durante la década de los 70 en el actual aspecto de esta comarca. Según este estudio, el principal factor que ha contribuido al notable crecimiento del Camp de Túria han sido las migraciones de población desde el Área Metropolitana de Valencia hacia sus municipios. De esta forma, entre 1975 y 1999 en l'Eliana se incrementó la población en más de un 280%, en Nàquera, la Pobla, Riba-roja y Bétera en más de un 50%, y en Serra, Vilamarxant, Marines, Olocau, Llíria, Benisanó y Casinos entre un 10 y un 50%. En este periodo, el ritmo de crecimiento anual en la comarca fue del 2,21%, mientras que entre 2000 y 2008, coincidiendo con el proceso de legalización de muchos núcleos residenciales, el incremento anual ha sido del 6,8%. En estos 8 años la comarca adquirió más habitantes que en los 24 precedentes.v. c. m.llíria