Camps se opone a la idea de Rajoy de que la oposición entre en las empresas públicas

J. G. G. VALENCIA El código ético de Rajoy no verá la luz en la Comunitat. El Gobierno valenciano decidió el 5 de marzo oponerse a la proposición de ley de Compromís que recoge una de las propuestas lanzadas por el líder nacional del PP, cuyo cumplimiento exigió al Ejecutivo de Zapatero: Que la oposición esté presente en los consejos de administración de las empresas públicas para garantizar un control más efectivos de estas sociedades.
En su dictamen, el Consell se guarda de criticar la idea: "Técnicamente, nada cabe objetar a la posibilidad de que, mediante una disposición con rango legal, se pueda exigir la designación de miembros en el consejo de administración de las empresas públicas (...) que representen a los grupos parlamentarios". Sobre la designación de tres auditores, alega que se "triplicarían los controles" y que, con lo que hay, es suficiente.
De las fundaciones públicas, en tela de juicio por la opacidad de sus cuentas, evidenciada con los gastos de la visita del Papa, apela a la "separación de poderes" para rechazar que las Corts estén representadas. Y respecto al control, sostiene que no hace falta nada más.