J. RUIZ VALENCIA
?
La polémica desatada por la petición del Consell Jurídic Consultiu (CJC) al Gobierno valenciano para que extienda a los funcionarios varones los beneficios previstos para las empleadas víctimas de violencia de género en la nueva ley de la función pública no tendrá mucho más recorrido que el que ya ha tenido. La Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas ha optado por no incluir la sugerencia del órgano jurídico en el proyecto de ley que aprobó el viernes el Ejecutivo y que será debatido en las Corts.
La enmienda incluida en el dictamen jurídico para que la protección que la ley brinda a las mujeres (se prevé que puedan reducir su jornada laboral) se extienda también a los hombres ha suscitado numerosas críticas. CC OO ha calificado la sugerencia de "barbaridad" y EU ha pedido la comparecencia del órgano consultivo en las Corts.
La observación no esencial no ha sido atendida por el Ejecutivo valenciano que ha optado por mantener su texto original donde sólo cita a las "funcionarias víctimas de violencia de género" como posibles perceptoras de las medidas. También ha pasado por alto las puntualizaciones del CJC respecto a la gramática.
Firmantes del dictamen
Los firmantes del dictamen se mostraron molestos con la redacción dada por los técnicos del departamento que dirige Paula Sánchez de León quienes, para huir del sexismo en el lenguaje, han optado por expresiones tipo "funcionario/funcionaria"; "jefe o jefas de servicio", etc. Aunque el CJC recomendó el masculino genérico, la Consellería se ha mantenido en sus trece. Estas dos observaciones no esenciales han sido de las pocas que no se han atendido.
Sí que se ha tenido en cuenta por ser una observación esencial, la recomendación del CJC de que se acote a 18 meses el plazo de excedencia para funcionarias víctimas de la violencia de género. El proyecto de ley preveía llegar hasta los tres años, pero la legislación estatal marca 18 meses.
