Los ex diputados sin paga de las Corts piden compensaciones por no haberles cotizado

JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA La idea tan extendida que asocia diputado a privilegios no siempre ha tenido una base real, al menos hasta hace unos años. La situación de los parlamentarios autonómicos ante la Seguridad Social es un ejemplo sangrante de ello. La singular regulación estatal de los miembros de las cámaras regionales hasta 1998, en que se selló un convenio especial con el citado organismo público, ha provocado que muchos de ellos tengan hoy en blanco ante la SS años en que desarrollaron un mandato parlamentario. Un dato clave a efectos de la pensión de jubilación y tras la derogación de las pensiones parlamentarias.
La ex diputada socialista María Antonia Armengol, mano derecha del ex presidente Joan Lerma en los 80 y 90, ha reclamado por escrito a las Corts que le compensen por los años en los que, pese a ser diputada, la Cámara no efectuó cotización alguna a la Seguridad Social. Y no porque no quisiera. La ley impedía entonces a los parlamentos regionales dar de alta en la SS a los diputados que no procedieran de un alta en el régimen general.

Autónomos y parados, los peores
Sólo los que estaban de alta y habían causado baja al acceder al escaño gozan hoy de cotizaciones en este periodo. Eso significa que los autónomos (al proceder de un régimen diferente) o los que vinieran del paro tienen esos años en blanco. Los diputados nacionales no "sufrieron" esta legislación.
En el caso de Armengol, ella misma relata que al solicitar sus datos observó que entre 1983 y 1988 no hay un euro cotizado. Una situación que le causa un "grave perjuicio", ya que para cobrar el 100% de la base reguladora se exigen 35 años. Para completar su antigüedad, Armengol tiene que cotizar mensualmente de su bolsillo apelando a un convenio especial con la SS. El Consejo de Estado calculó que el 60% de los diputados autonómicos se vio perjudicado por esta normativa.
Tras la derogación de las pensiones parlamentarias, la vía de Armengol para que se repare al menos este "perjuicio", según fuentes de la Cámara, será secundada por otros ex diputados. En función de la respuesta del Parlamento, la socialista decidirá si va a la vía judicial. Estos pleitos se unirían al que muchos ex parlamentarios van a presentar para reclamar finiquitos y pensiones de las Corts. Unos beneficios que sí están en vigor en las Cortes Generales.